La Fiscalía ve «un fraude de ley» el sindicato de prostitutas porque busca legalizar esta actividad

La batalla de los argumentos enfrentados se ha evidenciado en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que debe decidir si anula el sindicato de las autodenominadas trabajadoras sexuales denominado Otras, que fue registrado por la Dirección de Trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de julio y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 4 de agosto. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, admitió que había sido “un error” el registro del sindicato y explicó que el Gobierno “no puede admitir” su constitución.

La Audiencia Nacional ha celebrado la vista por una demanda de las asociaciones Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla, que han impugnado los estatutos del sindicato. Ambos colectivos alegan que no es legal “la comercialización del cuerpo de las personas” y que considerar la prostitución una actividad laboral “abre la puerta al proxenistismo organizado”.

“No cabe la sindicación para unas pretendidas relaciones laborales que incluso pueden ser delictivas”, ha concluido el fiscal Benito Egido, que ha alegado que un contrato de prostitución supondría que la mujer estaría “cediendo” su derecho a la libertad sexual de forma anticipada, lo que le impediría después elegir libremente si accede a la relación sexual o negarse alguna práctica, lo cual es su derecho. “El sindicato va contra la ley”, ha añadido el fiscal, que ha explicado que ni el objeto ni la causa de un contrato de prostitución estarían amparados por las leyes.

En la misma línea, y con más dureza, se han expresado las asociaciones demandantes. Los colectivos por los derechos de las mujeres han defendido que no es legal una actividad que se sustenta en la vulneración de los derechos fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad o la no discriminación. “La declaración de nulidad de los estatutos deja vacío el sindicato y debe suponer la cancelación” del mismo, ha clamado una de las abogadas de las asociaciones.

La letrada que representa al sindicato OTRAS se ha opuesto a la demanda y ha argumentado que las trabajos sexuales son mucho más amplios que la prostitución. Ha alegado que además que la ausencia de la asociación de las prostitutas supondría dejarlas desamparadas frente a los “empresarios”.

Hasta que no se resuelva este conflicto, y haya una decisión firme, no se celebrará el otro juicio, en el que es parte el Gobierno a través de la Abogacía del Estado. Los jueces han considerado que no pueden abordar la legalidad de la inscripción del sindicato, impugnada por el Ministerio de Trabajo y la asociación proderechos humanos L’Escola, hasta que no resuelvan si los estatutos son válidos.