La Fiscalía ve necesaria la autorización judicial para ingresar a menores en centros que priven de libertad

Recomienda que aquellas instalaciones donde se contemplen «especiales medidas de seguridad o de contención» sean catalogadas como centros especiales

MADRID Actualizado:

La Fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Consuelo Madrigal Martínez Pereda, ha propuesto ante la Comisión Especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines del Senado, que se clasifiquen los centros de menores de toda España y se imponga la necesidad de autorización judicial para el ingreso en aquellos que priven de libertad o que utilicen la contención.

Durante su comparecencia ante la citada comisión, la fiscal ha destacado la importancia de "definir los centros" y "la dificultad" que supone, a su juicio, la diversidad actual de características y usuarios, pese a la cual, "es imprescindible que se defina el centro en función de tres instancias: protección, sanidad y educación".

En su opinión, ya que se trata de "una medida excepcional cuando todas las instancias previas han fallado", debe adaptarse a las necesidades de cada menor, sean estas de tipo pedagógico o sanitario. Por eso, recomienda que aquellas instalaciones donde se contemplen "especiales medidas de seguridad o de contención" sean catalogadas como centros especiales y requieran autorización judicial en el ingreso.

Para ello, habrá que definir los distintos tipos de centro en función de las necesidades de sus usuarios, ya que, conforme ha explicado, no es lo mismo un joven con un trastorno psiquiátrico diagnósticado derivado a un centro del sistema de protección "porque no hay otro más adecuado para él en el sistema sanitario", que un joven que tiene problemas, por ejemplo, de adaptación social y para quien sí está pensado ese recurso.

Supervisión judicial

Para el caso concreto de los "centros especiales" con mayores medidas de seguridad, ha reivindicado una reforma legal "que dé garantías a los menores afectados, las familias y los profesionales que trabajan en estos centros" imponiendo la citada autorización judicial para el ingreso, que "implicaría ingreso, duración de la medida y revisión de la misma". En este sentido, ha explicado que la supervisión judicial, además de "una batería de medidas" a su juicio necesarias, permitiría dar "garantías" ante los derechos constitucionales del menor que están en juego cuando ingresa en estas instalaciones: la libertad de movimiento, la sanidad, y la educación.

Sobre la libertad de movimiento, ha reivindicado una regulación de las medidas de contención, formación para los vigilantes en materia de menores y que se informe a la autoridad cada vez que se utilice en el centro.

Aislamiento, medida de contención

Además, ha incidido en que el aislamiento es una medida de contención y no una sanción, por lo que no puede ser aplicada como en el régimen carcelario.

En cuanto a la Sanidad, ha señalado que la mayoría de estos menores "están sometidos a tratamiento psiquiátrico que a veces incluye unos tratamientos farmacológicos que deben administrar día a día los educadores, lo que requiere de una especialización que ellos no tienen o un criterio médico más presente en el propio centro según las necesidades de cada menor acogido al mismo".

Por último, en cuanto a la educación, ha incidido en que la legislación fija que la educación "cuando sea preciso y sólo cuando sea absolutamente indispensable" se impartirá en centros especiales. Por eso, la fiscal ha incidido en que el que los jóvenes institucionalizados reciban clase en el centro "debe ser absolutamente excepcional" porque implica que "no están integrados en el ámbito educativo y están fuera del sistema, sin su atención ni su debida supervisión".