1.250.000 familias ahogadas por la crisis

La vivienda ha sido el apartado al que Cáritas ha destinado, en este primer semestre de 2009, la mayor cantidad de fondos, un 72% más que en 2008. Seguido de ayudas directas para la compra de alimentos que ha registrado un incremento del 50,3%. El impago de hipotecas, deudas de alquileres y recibos de suministros de luz, agua y gas son las dificultades más frecuentes a las que han tenido que dar respuesta las 69 Cáritas diocesanas distribuidas en todo el territorio nacional. En un tercer puesto, aparecen las solicitudes de formación para acceder al empleo (19,4%).

«Primero se pierde el trabajo y luego la vivienda», explicó la coordinadora del área de Análisis Social y Desarrollo de Cáritas Española, Ana Abril, quien añadió que los casos más dramáticos lo están atravesando muchas familias que «además de perder su casa, porque ha sido subastada por el banco para ejecutar el préstamo hipotecario, siguen siendo deudores debido a la devaluación que han sufrido el precio de las propiedades en los últimos años».

Según se desprende de este último informe, también aparecen nuevos perfiles de demandantes. Ya no son sólo inmigrantes con baja cualificiación que han perdido su empleo en la construcción, sino trabajadores autónomos españoles al frente de pequeños comercios y talleres, que han tenido que cerrar al quedar arruinados y con muchas deudas pendientes a trabajadores, proveedores e impago de clientes. A ellos se suman también por primera vez, familias en situación de «ingreso cero», pues han agotado todas las prestaciones sociales y subsidios; jóvenes parados en busca de su primer empleo y familias gitanas, que sufren la caída del valor de la chatarra y la mayor presencia de otros colectivos —como los chinos— en la venta ambulante, tradicionalmente desarrollada por este colectivo.

La agudización de la crisis también está afectando a Cáritas que en los últimos meses debe afrontar una elevada presión social para dar salida al aumento de las necesidades. Entre las dificultades, la organización destacó la ralentización de los procesos de inclusión social y laboral, y la cascada de derivaciones que reciben de las administraciones públicas. «O bien porque no tienen recursos o porque las personas que acuden no cumplen los requisitos de acceso establecidos por los servicios públicos», apostilló Abril.