Europa ultima un semáforo de riesgo para regular la movilidad comunitaria

La Presidencia alemana propone poner en marcha un mapa común con las restricciones a la libre circulación en el espacio Schengen que sería gestionado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), encargado de definir las regiones por colores, verde, naranja y rojo. Las regiones «verdes» serían aquellas de las que los viajeros pueden regresar sin tener que detenerse o ser sometidos a pruebas o cuarentenas. El «naranja» y el «rojo» implicarían pruebas de Covid y cuarentenas. Este mapa se actualizará periódicamente, basándose en los datos transmitidos por los estados europeos con la mayor velocidad posible y que deben referirse exclusivamente a la situación sanitaria. La propuesta también prevé la creación de un formulario común para poder rastrear a los viajeros cuando llegan a su destino, en caso de que fuese necesario.

La Comisión insiste esencialmente en su defensa de la libre circulación y pretende evitar en lo posible que los países impongan restricciones en sus fronteras a los viajeros. También los empresarios del sector turístico quieren que haya las menos trabas posibles a los viajes. Pero no todos los gobiernos están de acuerdo en que eso lo decida el ECDC , aunque sea con los datos que ellos enviarán.

Todo esto sucede cuando en la mayor parte de países se está empezando a notar un aumento muy significativo en los contagios. En Bélgica, por ejemplo, se han tomado decisiones como la de volver a cerrar los bares, terrazas incluidas, aunque se mantienen abiertos los restaurantes. También se ha reducido el número de personas con las que cada cual puede relacionarse. El nievo gobierno ha decidido nombrar un comisionado para gestionar la epidemia, coordinando todos los ministerios afectados.

Los acuerdos de Schengen establecen la libre circulación de personas Los países tienen derecho a restablecer temporalmente los controles fronterizos y limitar los movimientos en caso de amenaza al orden público y la seguridad por períodos renovables de 30 días, por un máximo de seis meses, como se hizo en marzo y abril, pero para Bruselas no es aceptable que esta situación se prolongue más tiempo.