Europa advierte del riesgo sísmico de almacenar gas en Doñana

En ambos casos, y a la espera de que los grupos políticos del Parlamento europeo negocien las enmiendas que se presentaron hasta el pasado día 4 y cierren, hoy o mañana, el informe final, la respuesta será contundente. Europa pedirá «continuar cerrando pozos ilegales y detener inmediatamente la extracción ilegal», como así se recoge en su informe preliminar. Igualmente, en relación al gas, reclamará que los proyectos (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) incluyan una «evaluación sísmica» y que se aplique sobre ellos el «principio de precaución».

Una alerta sobre las consecuencias sísmicas de la extracción de gas, que en España cuenta con el antecedente del proyecto de almacenamiento submarino del Castor frente a la costa de Castellón y Tarragona. Esta iniciativa tuvo que paralizarse al confirmarse que los movimientos sísmicos que se habían producido en la zona tenían su origen en las inyecciones de gas que se habían realizado.

La institución comunitaria inició la investigación de esta posible violación de la legislación medioambiental a raíz de varias peticiones realizadas en 2009 y una serie de denuncias hace cinco años. Las primeras se refieren a una supuesta desatención por parte de las autoridades públicas ante la necesidad de preservar el paraje natural de Doñana. Las segundas sobre la necesidad de investigar los proyectos vinculados con la extracción y almacenamiento de gas.

Las autoridades comunitarias decidieron tomar cartas en el asunto y enviaron una delegación del Parlamento europeo a Doñana. El objetivo era conocer in situ la realidad de las denuncias. Fruto de esa visita fue la publicación de un primer informe, que ha recibido 58 enmiendas de los grupos políticos presentes en la Cámara europea. El resultado de esta negociación, actualmente en curso, será el documento que se presente mañana en la Comisión de Peticiones del Parlamento. Dicho informe, una vez aprobado, recogerá la postura definitiva de Europa.

Los populares han presentado siete enmiendas al informe preliminar, según aseguró a ABC la eurodiputada Rosa Estarás. Una de las más destacadas es que se priorice en los presupuestos el trasvase Tinto-Odiel y la Piedra , para frenar el déficit hídrico del acuífero del Guadalquivir. En la negociación tratan de acercar a los socialistas a su propuesta, pero el PSOE siempre se ha caracterizado por rechazar los trasvases como fórmula alternativa a la escasez de agua en determinadas zonas.

Otra de sus enmiendas va en la línea de que en la tramitación de los proyectos gasísticos se tenga siempre en cuenta la seguridad jurídica. En este punto también chocan con los socialistas, ya que fueron el gobierno de Zapatero y de la Junta de Andalucía los que concedieron todos los permisos al único proyecto que puede ponerse en marcha. De hecho, la hoy ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, troceó los estudios de impacto ambiental de los proyectos, cuando era secretaria de Estado de Medio Ambiente.

También hacen especial hincapié en la protección de los agricultores y en su petición de cierre de los pozos ilegales, reclama que se «compatibilice con la agricultura sostenible y el desarrollo económico». Por ello, apuestan por el diálogo entre Medio Ambiente y Agricultura para «proteger la figura del agricultor».

Izquierda Unida ha presentado 18 enmiendas al informe inicial y el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, reclama «más contundencia» en el proyecto relacionado con el gas. A su juicio, hay que corregir «cierta descompensación» en las recomendaciones del borrador, en el que diez hacen referencia al agua en Doñana y solo una al proyecto del gas.

En el informe preliminar se pide mayor coordinación en la gestión del agua de Doñana entre las autoridades competentes y «que sigan colaborando con ONG, científicos, agricultores, representantes agrícolas profesionales y sociedad civil, e involucrarse con ellos en un diálogo constructivo» . Asimismo, reclaman «una purificación más efectiva del agua que fluye» hacia el parque natural y la reducción «de la contaminación generalizada de origen agrícola e industrial».

Finalmente, en el problema de los pozos ilegales, consideran necesario la puesta en marcha de un plan de extracción de acuíferos. Se trata de conocer «las necesidades de agua de los ecosistemas del Parque Natural de Doñana para ser identificadas, con el fin de lograr los objetivos de conservación previamente definidos para el área protegida ».