El fracaso escolar supone un 60% del gasto público en el sistema educativo

El estudio ha analizado si es rentable para el alumno y para los poderes públicos invertir en educación postobligatoria. Para hacerlo, han tenido en cuenta los costes y beneficios de seguir estudiando una vez finalizada la enseñanza obligatoria.

En el caso privado, se ha concluido que la rentabilidad de la mayor parte de los niveles educativos postobligatorios resulta en principio muy atractiva , sitúandose en torno al 5% y llega a alcanzar el 7% en el caso del segundo ciclo de secundaria y de los estudios universitarios de grado (tanto de ciclo corto como de ciclo largo). La rentabilidad observada más baja de los niveles intermedios corresponde al segundo ciclo de Formación Profesional, con un valor en torno al 4% .

Únicamente en el caso de los estudios universitarios de postgrado, la rentabilidad real observada es negativa. «Un doctorado no se traduce en un sueldo más alto», señala de la Fuente.

El estudio sobre capital humano analiza también las implicaciones fiscales de la inversión en educación, midiendo la fracción de gasto del sector público que se recupera a través de impuestos. En la mayor parte de los ciclos postobligatorios, los ingresos fiscales permiten recuperar un parte importante del gasto inicial, que alcanza el 90% en el caso del primer ciclo de la universidad.

Pero el fantasma del fracaso escolar hace que ni para los alumnos ni para el Estado sean tan alentadores los números. «En ausencia de fracaso escolar, los resultados para las finanzas públicas serían mucho más positivos, situándose por encima del 50% en la secundaria no obligatoria y por encima del 200% en los estudios universitarios de grado», apunta el estudio. Lo mismo sucede con los alumnos: el efecto del fracaso escolar reduce la rentabilidad privada entre 2 y 4,5 % ; para el sector público supone un 60% del gasto.

En ambos casos, tanto para el alumno como para el sector público resulta muy «atractivo» invertir. «Lo mejor que puede hacer un chaval de veinte años es seguir estudiando», concluye de la Fuente.

A su vez, ha alertado sobre la alta tasa de fracaso escolar en España , que son de las más altas de la OCDE, señaló. «Sin fracaso escolar la universidad sería un excelente negocio para el sector público», concluyó.

Además ha afirmado que el fracaso escolar ha influido en la crisis económica, «sobre todo en el impacto sobre el empleo», añadió de la Fuente.

«Los "ni-ni" también infuyen en el paro y en los niveles de productividad; además, si no se trabaja y no se estudia se corre el riesgo de exclusión», apuntó de la Fuente.

Rafael Domenech , economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, presente en el acto junto con de la Fuente y Paul Tobin, responsable de comunicación corporativa, ha asegurado que uno de los problemas en nuestro país es que «no se conocen los beneficios de la educación; cualquier estudiante norteamericano conoce, en cambio, los beneficios de estudiar en Harvard», señaló. «Los padres, los profesores y la sociedad en su conjunto deben insistir para que estos datos se conozcan», concluyó Domenech.

En cuanto a los recientes aumentos en las matrículas y la retirada de becas, de la Fuente afirmó que supone «mayor rentabilidad pública y menos privada» aunque añadió que «no cambia mucho la situación ya que estamos lejos de cubrir el coste de una plaza universitaria».

De la Fuente ha expuesto su trabajo, realizado junto con Juan Francisco Jimeno , jefe de la división de Investigación del Banco de España , desglosando los costes que un alumno puede tener al iniciar sus estudios de grado, como son la matrícula, los libros o el transporte además del llamado «coste de oportunidad» que serían en este caso la pérdida de ingresos que un individuo podría tener si decide estudiar en vez de trabajar. A su vez, han medido los beneficios, entre los cuales cabe señalar un mayor incremento salarial derivado de una mayor formación así como una mayor probabilidad de conseguir un empleo.

Para el caso del sector público ha medido los costes como el gasto director en el sistema educativo, las ayudas a centros cocnertados y las becas a alumnos y familias así como la pérdida de ingresos tributarios ligada a la pérdida de la renta de los estudiantes. Los beneficios serían los mayores ingresos tributarios derivados de una mayor renta y un menor gasto en ciertas prestaciones sociales.