El Estado costeará la reparación de las secuelas graves de todas las víctimas de violencias sexuales

Además, señala que las condenas irán aumentando en función del tipo de delito y sus agravantes . En caso de violación, es decir, «penetración aunque no haya violencia», la prisión será de cuatro a diez años. La reparación de las secuelas graves de las víctimas de violencias sexuales las costeará el Estado, como ocurre con las víctimas del terrorismo.

Fuentes del ministerio de Igualdad han expresado que la ley es un texto «histórico» y «pionero en el mundo» porque señalan que «pocos países tienen una regulación integral» como la que presenta hoy el Gobierno. Entre sus aspectos, resaltan que el anteproyecto elimina la distinción entre abuso y agresión. Explican que agresión será «cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento» y si hay penetración será delito de «violación».

También se modifican otros delitos, por ejemplo; el respectivo al «stalking» (acoso reiterado) , un delito considerado no grave, con una pena de tres meses a dos años o multa, del que se eliminará que tenga que «alterar gravemente» la vida de la víctima. Consideran que se aplica «muy poco por ese requisito» así que lo modifican para que baste con «altere con seguimientos, contactos insistentes o uso de sus datos».

Por otro lado, se suben las penas del acoso sexual de tres a siete meses de cárcel o multa « a seis meses o un año, máximo dos años en los casos más graves, o multa superior». Además se añade la inhabilitación profesional para el cargo que no estaba prevista. También se crea el delito de «acoso ocasiones» , será el referido al delito leve no reiterado «no solo en la vía pública». Fuentes del ministerio de Igualdad señalan que «no se trata del acoso callejero únicamente ni se pretende condenar el piropo».

«Arresto domiciliario», «trabajos comunitarios», «hasta un mes o multa» serán las condenas para este nuevo delito referido a «las expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen en la víctima una situación humillante, hostil o intimidatoria».

En la sala de prensa de La Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Irene Montero ha sido interpelada hasta en cinco ocasiones por las profundas discrepancias que se produjeron en los días previos a la presentación de este anteproyecto de ley -que no podría haber sido posible, ha afirmado la ministra, «sin la acción del movimiento feminista» durante los últimos años-. Desde Igualdad se acusó a Justicia de «bloquear» la ley, mientras que fuentes del departamento dirigido por Juan Carlos Campo defendieron que tuvieron que «limar» algunos aspectos de la ley, sobre todo en relación a la reforma de los delitos penales que introduce. Hoy, para Montero, ese cruce de acusaciones son papel mojado y las diferencias entre Ministerios «se quedan de puertas adentro», ha dicho.

Fuentes socialistas manifestaron a este diario su preocupación por varios puntos del contenido de la ley, así como su rechazo a la «premura» impresa desde Igualdad porque se quería llevar al Consejo de Ministros en esta semana del 8 de marzo, simbólica en la lucha para los derechos de la mujer. La responsable de Igualdad ha incidido en que la ley contiene, en efecto, «muchas mejoras» y no solo tras las intervención de otros departamentos, sino que ha sido objeto de mucha revisión y examen por expertas penalistas y catedráticas. «Es cierto que el texto ha ido enriqueciéndose -ha terminado por aceptar la "número dos" de Unidas Podemos- pero quiero decir que sin alterar lo sustancia de la ley, que es la prevención, reparación y protección de las mujeres».

Fuentes de Igualdad consultadas dieron por hecho que no se va a poder aprobar la ley antes de un año, sabedoras de que en su tramitación parlamentaria registrará importantes revisiones por parte de otras formaciones políticas que enmienden su propuesta inicial.