Escuelas Católicas dice que la actitud del Gobierno respecto a la concertada es «próxima a posiciones de corte totalitario»

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá , dijo en el último congreso de EC que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centros formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen pero no son emenación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española».

El estudio de respuesta de Escuelas Católicas, enviado la pasada semana a sus más de 2.000 centros educativos , explica los tres ejes en los que se sustenta el derecho de elegir centro: la Constitución Española (artículos 27.1 y 27.3); sentencias del TC sobre derecho a la educación; y diferentes normativas internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de París; Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Resolución Luster sobre libertad de enseñanza en la Comunidad europea, de 1984; y Resolución del Parlamento Europeo sobre modernización de la educación en la Unión, de 2018).

El documento, además, recoge las sucesivas leyes orgánicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución (LODE, LOE y LOMCE).

El texto, elaborado por Escuelas Católicas, señala que si bien parecía incuestionable que los padres « son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos , y que como consecuencia de ello tienen el derecho a elegir la educación para sus hijos acorde con sus ideas y, en especial, según sus convicciones morales y religiosas», este derecho parece haberse puesto en duda tras las declaraciones de Celaá.

Para EC, sus palabras no parecen abrir ningún debate novedoso y, además, señalan que aunque consideran razonable que el Estado intervenga en la educación, lo que dijo la ministra no es correcto no desde un punto de vista jurídico. Además, consideran que las declaraciones de Celaá son «propias de una concepción de la educación que desplaza el papel de los padres como responsables de la educación de sus hijos hacia el Estado, y que parecen más próxima a posiciones de corte totalitario que de las modernas democracias».

El informe completo puede consultarte aquí