Entidades de enfermos crónicos de Baleares, alarmadas por la «imposición» del catalán en la sanidad pública

En el citado comunicado se indica también que las dos asociaciones no han tenido hasta ahora «ninguna queja» por cuestiones lingüísticas. «Muchos de los profesionales que nos atienden no son catalanoparlantes, pero, hasta ahora, esto no ha sido ningún obstáculo, ya que su trato es respetuoso, empático y muy digno», señala la nota. «Sabemos que hay carencias de profesionales y que es muy difícil que las plantillas estén completas y por eso rechazamos que se imponga un requisito que haga todavía más difícil y complicado configurar los servicios como se precisa», recalca el texto.

Tras recordar el rechazo que ha suscitado hasta ahora el futuro decreto en diversos colectivos profesionales y ciudadanos, ALCER y ADIBA añaden que están de acuerdo en «la potenciación e integración del catalán de forma progresiva» en la sanidad balear, pero rechazan «categóricamente» que se haga en forma de un requisito que podría tener un «gran impacto» en la atención que reciben sus asociados. «Como ciudadanos y usuarios defendemos que el derecho a la salud y a una accesibilidad adecuada a nuestra sanidad pública prevalezcan sobre todo lo demás», concluye el comunicado.

Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca . La posición de los socialistas con respecto a la exigencia del catalán ha sido siempre más flexible que la de sus socios ecosoberanistas. En ese contexto, Armengol ha vuelto a reiterar este martes que «no quedará ninguna plaza sin cubrir en la sanidad pública por motivos lingüísticos».

La denuncia de ALCER y de ADIBA llega en un momento en el que el PSOE balear y MÉS por Mallorca están volviendo a evidenciar sus recurrentes discrepancias con respecto al futuro decreto del catalán. Desde la Consejería de Salud, que está en manos de los socialistas, se aboga hoy mayoritariamente por flexibilizar un poco las condiciones fijadas en el borrador del citado documento, mientras que los ecosoberanistas quieren que se apruebe lo antes posible y que además entre en vigor sin cambios.

La futura norma autonómica establece, en su actual redacción, que la lengua catalana será un requisito para los auxiliares, enfermeros y médicos que se presenten a oposiciones. Los auxiliares deberán acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros deberán tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en la sanidad pública. Los únicos trámites que quedan aún pendientes para que se empiece a aplicar la nueva norma son su envío al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen —no vinculante— y su aprobación por parte del Gobierno balear.

El citado decreto fija, en cualquier caso, varias excepciones. Una de ellas establece que cuando haya menos aspirantes que plazas a cubrir, no se exigirá el conocimiento del catalán. Aun así, quienes finalmente consigan una plaza en esas circunstancias tendrán que acreditar, en un plazo máximo de dos años , el nivel de catalán inicialmente requerido en sus respectivas convocatorias. En caso de que esa acreditación idiomática finalmente no se produzca, habrá una «penalización» para dichos profesionales sanitarios. En concreto, se les impedirá participar en los posibles traslados que se convoquen.

El borrador del controvertido decreto fue aprobado inicialmente en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 17 noviembre del pasado año, pese a la oposición del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse), mayoritarios en el sector. Ambos sindicatos, que defienden que el catalán debería ser sólo un mérito , anunciaron que impugnarían el mencionado decreto cuando entre en vigor.

Por otra parte, el Satse de Baleares confirmó el pasado mes de diciembre la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza ante la inminente aprobación del citado documento. Fue también en diciembre cuando unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en la manifestación convocada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha) bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas».

A la espera de la aprobación del mencionado decreto, de momento sigue rigiendo lo establecido por la Ley de la Función Pública, más flexible en materia lingüística. Ello ha permitido que recientemente el Servicio de Salud de Baleares haya podido eximir del conocimiento del catalán a ocho jefes de servicio del Hospital de Son Espases, equipamiento sanitario ubicado en Palma y considerado como el de referencia de la Comunidad.

Una decisión en esa misma línea se había producido ya el pasado mes de diciembre en el Hospital de Can Misses, en Ibiza, cuando el requisito del catalán quedó excluido en la convocatoria para cubrir ocho plazas en el servicio de Urgencias de Can Misses. Fue también en diciembre cuando el Hospital Mateu Orfila, en Menorca, publicó una convocatoria para cubrir tres plazas de jefe de servicio. Inicialmente, sí se había exigido el conocimiento del catalán a quienes decidieran optar a estos puestos. Sin embargo, al parecer se habría tratado de una equivocación, por lo que se decidió publicar una nueva convocatoria, eximiendo finalmente de la exigencia de dicho idioma.