La educación concertada: «Celaá cree que los padres necesitan la tutela del Estado»

«No nos queda otra, es ya una medida desesperada, pero queremos que por lo menos vean que hay sensibilidad, que nuestra campaña de firmas ya ha superado el millón, y ahora tenemos que hacer ruido», contó a ABC el secretario general del sindicato FSIE, Francisco Javier Muñoyerro. En su opinión, la nueva ley supone «un atropello a todas las libertades , al arrollar la opción de los padres para elegir centros en los que escolarizar a sus hijos». Para Muñoyerro, esta libertad de elección estará garantizada «solo si hay pluralidad de oferta».

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO y coordinador de la Plataforma, Antonio Amate , destacó que el proyecto de Celaá «introduce la sospecha en el sistema educativo: parece que los padres necesitan la tutela del estado, y la administración lo que tiene que hacer es dar el paso para ayudarnos a nosotros, no enredarnos ni teledirigirnos ». Además, el Gobierno también desconfía de la educación concertada, «que tiene una aceptación masiva y funciona con absoluta normalidad, y sin embargo se van a retirar sus fondos, negándole la financiación que merece porque escolarizamos a 2 millones de alumnos», apuntó Amate.

El Congreso rechazó la participación de este sector en el proceso de comparecencias que suele haber cuando se debate una ley, algo que califican de «inaudito», ya que esta es la primera vez que se aprueba una norma de este calado sin escuchar a la propia comunidad. «No es el momento ni estas son las formas. En plena pandemia, la prioridad debería ser luchar contra la expansión del Covid en las aulas», apuntó Muñoyerro.

Desde la Federación de Enseñanza Feuso, Marisa Madrid defendió la existencia de la enseñanza concertada «como homóloga a la pública, no como secundaria». Insitió en que para el próximo viernes está prevista otra manifestación también frente al Congreso, y que los miércoles los centros educativos de todo el país «harán ruido» y lucirán lazos naranjas de protesta.

También los corazones verdes estuvieron presentes, el símbolo en defensa de la educación especial. «La ministra prometió cambiar el texto porque tiene una redacción ambigua, pero se va a tramitar sin haber hecho ninguna de las modificaciones», contó a ABC Isabel Alonso, directora de un colegio de educación especial . En España hay 35.000 alumnos escolarizados en este tipo de educación, que suponen un 17% del total de los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. «Es un porcentaje muy bajo, y si están en centros de este tipo es porque lo necesitan , porque el resto acude a colegios ordinarios», añadió Alonso. «Lucharemos y alzaremos la voz hasta el final: por nosotros y por los niños y jóvenes con discapacidad intelectual».