«Corremos el riesgo de colapso absoluto»
Una monitora supervisa el trabajo en un taller de pintura. Madrid será el escenario mañana de una marcha para hacer visibles las necesidades de las personas discapacitadas - abc
marcha por la discapacidad mañana en madrid

«Corremos el riesgo de colapso absoluto»

Entrevista a Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, el Comité Español de Personas con Discapacidad

madrid Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Bajo el lema «SOS Discapacidad - Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo», miles de personas, es decir, afectados directos, familiares, voluntarios, profesionales y simpatizantes, pondrán de manifiesto la dura situación que atraviesan, mañana, en una marcha en Madrid. La ha convocado el Cermi, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Se trata de la plataforma unitaria estatal que los representa. Engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades. Lucha por la inclusión plena de casi cuatro millones de discapacitados en España, el 10% de la población. Luis Cayo Pérez Bueno, su presidente, conversó ayer con ABC.

-Las administraciones autónomas deben al sector de la discapacidad unos 300 millones de euros. ¿Puede explicar cómo se genera esa deuda?

-Imagínese el funcionamiento de los colegios concertados. Las nóminas de sus profesores, por ejemplo, las pagan las comunidades autónomas. Piense en el caos que se produciría si las administraciones no abonaran esas nóminas. Pues eso, entre otros aspectos, es lo que está pasando en el sector de la dependencia. Están también los convenios de fomento de empleo para discapacitados. En total, son 300 millones que provienen de la prestación de servicios, subvenciones y de las ayudas en salarios para los centros especiales de empleo, en los que la administración paga la mitad del salario mínimo de cada trabajador. De ahí que las deudas de las comunidades autónomas, además de lo que supone para los propios dependientes, que es lo más importante, están poniendo en riesgo el empleo de más de 15.000 personas. Las entidades del Cermi prestan servicios directos por delegación de las administraciones. Muchos de los trabajadores encargados de prestar estos servicios en residencias, centros de día o en viviendas tuteladas, entre otros, no cobran sus nóminas desde hace un año.

-Usted se reunió el miércoles con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato. ¿Ha cambiado algo la situación tras esa cita?

-Valoramos mucho que la ministra de Sanidad nos convocara. Agradezco al Gobierno que haya puesto en marcha los mecanismos extraordinarios para el pago a proveedores, así como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Ahora esperamos que sea una realidad lo que han prometido. Que con el FLA se pague al sector de la discapacidad. Jurídicamente esto depende de las comunidades autónomas, pero puesto que el dinero proviene del Estado, del FLA, confiamos en la capacidad de presión del que pone el dinero, que es la administración central, para que después las comunidades destinen ese dinero a donde tiene que ir.

--La vicepresidenta del Gobierno instó ayer a las comunidades autónomas a que cumplan con el sector social de la discapacidad, y que eso era prioritario.

--Va en la línea de lo que le comentaba, porque jurídicamente los pagos los ejecutan las comunidades autónomas y el Estado lo ha desembolsado ya a las autonomías.

--¿Se resuelve todo con mantener los pagos al corriente?

--Ni mucho menos. La discapacidad es un terreno enorme. Por ejemplo, considere usted la cantidad de plazas que se tendrían que crear para atender a chicos discapacitados, ahora en edad escolar, y que luego tendrían que pasar a un centro de día. O la cantidad de recursos que hay que coordinar para establecer empresas de trabajo pensando en determinadas personas con discapacidad. O lo que supone el envejecimiento progresivo de la sociedad...

--¿Cuál es el engranaje de todo esto con la Ley de la Dependencia?

--Sin dejar de reconocer el avance que supuso la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, en 2007, hay que recordar que ha traído consigo también un peligro, el hecho de que se olvide que solo el 18% de las personas discapacitadas, con certificado oficial de discapacidad, estén reconocidas como discapacitados por la Ley de la Dependencia, lo cual los hace, al 80%, invisibles para muchas administraciones. Luego: la Ley de la Dependencia no se ha desarrollado y no se ha conseguido, digamos, un red profesional de acción eficaz. Más: le falta cohesión. Un discapacitado con derechos reconocidos por la Ley de la Dependencia en Madrid, podría tener problemas de reconocimiento, por ejemplo, si se trasladara a Murcia. Ha habido también otros fallos clamorosos. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se hacía cargo teóricamente de la cotización de las cuidadoras familiares, la inmensa mayoría, mujeres. Pero se ha puesto de manifiesto que en los más de cinco años que ha estado en vigor esta medida, Sanidad no ha pagado por ello, a pesar de que para la Seguridad Social suponía unos 300 millones de euros al año. La medida que el Gobierno ha tomado ahora, cortar por lo sano, no pagar las Seguridad Social a esas mujeres, es injusta.

-¿Qué pretenden con la marcha del domingo?

-Pretendemos que la sociedad tome conciencia de todo lo que le he dicho a usted en esta conversación. De que no se olviden de que en España hay casi cuatro millones de discapacitados, un diez por ciento de la población. Vivimos en uno de cada cuatro hogares españoles. Pretendemos sacudir las conciencias ante el riesgo de colapso absoluto. En este momento de crisis o salimos y expresamos que estamos ahí o corremos el riesgo de colapso absoluto.