Un diputado balear de Podemos acusa a la Iglesia de «robar» bienes que no serían suyos

La inmatriculación de bienes es la inscripción de fincas o de edificios que carecen de antecedentes registrales en el Registro Público de la Propiedad. Dicha inscripción no supone aún la escrituración del inmueble, es decir, la inmatriculación no genera por sí misma el título de propiedad, sino que asigna sólo un antecedente registral. Dicho de otro modo, la inscripción de un inmueble en el Registro no otorgaría derechos de propiedad a quien la ha llevado a cabo. Aun así, la inmatriculación puede ser usada como posible apoyo para poder obtener más adelante el derecho de propiedad de un inmueble.

El propósito de la iniciativa legislativa presentada este martes por MÉS y por Podemos es, según consta en su epígrafe, «reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia Católica en las Islas Baleares». Según Picornell, «la Iglesia Católica ha utilizado este derecho de robar para robarnos todo el patrimonio público ». Por su parte, Capellà ha lamentado que «nos encontramos con conventos o con ermitas que se han convertido en viviendas particulares o incluso en hoteles».

Cabe recordar que tanto MÉS como Podemos suscribieron el pasado año un pacto de gobernabilidad con el PSOE, gracias al cual la socialista Francina Armengol relevó al popular José Ramón Bauzá al frente del Ejecutivo autonómico.

La citada proposición no de ley, a la que por ahora no se ha sumado el PSOE, consta de nueve puntos. En el primero, se insta al Govern a recabar del Ministerio de Justicia «todas las inmatriculaciones» realizadas por la Iglesia en Baleares desde 1946 hasta hoy. En el segundo punto, se pide al Ejecutivo autonómico que en un plazo de seis meses haga un listado con todos los bienes inmatriculados en las Islas por la Iglesia desde 1978.

En dicha propuesta también se insta al Govern a que solicite de las Diócesis de Mallorca, Menorca e Ibiza que «retornen los bienes inmatriculados» . Asimismo, se insta al Gobierno regional a que se persone en todos aquellos procedimientos judiciales iniciados a instancias de los ayuntamientos cuyo objeto sea la «recuperación» de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia.

Por su parte, el Obispado de Mallorca ha emitido este martes un comunicado a raíz de que «en diferentes ámbitos» se haya cuestionado la inmatriculación de bienes inmuebles que hizo la Diócesis « al amparo de la normativa singular que estuvo vigente entre 1998 y 2005».

En dicho comunicado se señala que el Obispado de Mallorca inscribió en el Registro de la Propiedad determinados bienes «precisamente porque eran suyos ». En ese sentido, se indica que «por eso no es acertado pretender hacer ver lo contrario: que la Iglesia Católica adquirió la propiedad de los inmuebles porque gracias a ese procedimiento especial los inscribió a su favor».

El comunicado también recuerda que la certificación expedida por el Obispado solicitando la inscripción de un bien a favor de la Iglesia «no causa automáticamente la inscripción de éste». Además, «las inscripciones practicadas en virtud de esa normativa especial n o tienen efecto respecto de terceros hasta transcurridos dos años desde que fueron extendidas». Por tanto, «eso constituye una sólida protección para quien se considere propietario del inmueble inmatriculado en favor de la Iglesia, que obviamente puede ejercitar las acciones judiciales oportunas en defensa de su derecho».