Desmantelado un grupo dedicado a la trata de seres humanos para el cuidado de ancianos y dependientes

Una de las cabecillas fue detenida en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando intentaba introducir en España a tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.

La Guardia Civil ha identificado a un total de 50 mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016 , con las que la organización habría obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros . Para aumentar sus ganancias, además, la responsable del grupo vendía a sus víctimas, a precios abusivos, los productos básicos de primera necesidad que recibía de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria. Por ejemplo, por un comprimido de paracetamol les llegaba a cobrar entre 20 y 30 euros.

Los familiares directos de los miembros del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaban de buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social. Allí les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España. Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban 1.000 euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa turista limitada a 90 días.

Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.

La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en Internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, aleccionándolas antes bajo nuevas amenazas. A final de mes los demandantes pagaban directamente a las víctimas en negro. Las víctimas entregaban a la organización el 85% del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.