El desbloqueo del trasvase Tajo-Segura abre una nueva guerra del agua

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura analizó ayer las existencias de agua acumulada, la previsión para las próximas semanas y finalmente propuso un triple trasvase, ya que los pantanos de Entrepeñas y Buendía sobrepasan los 400 hectómetros cúbicos, el umbral mínimo para que se realice la cesión. En concreto, almacenan 472,21 hectómetros cúbicos, lo que supone el 19,1% de su capacidad. La cantidad máxima que se puede trasvasar es de 20 hectómetros cúbicos mensuales.

Tras once meses sin que se hayan abierto las compuertas de los dos embalses, la propuesta ha reavivado la guerra del agua incluso antes de su aprobación. Mientras que políticos y regantes del Levante celebraban la noticia, ayer el Gobierno de Castilla-La Mancha avisaba de que recurrirá la cesión si se tiene «la más mínima sospecha de que el acuerdo puede ser ilegal, este nuevo ataque al río Tajo y a los intereses de Castilla-La Mancha».

No obstante, desde el Grupo Popular en la región se ponía el acento en el cambio de la legislación que se produjo bajo el amparo del PP, ya que hasta 2013 el umbral para los trasvases era de 240 hectómetros cúbicos. El portavoz adjunto de los populares en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, destacaba que con las políticas de Emiliano García-Page habría «once trasvases más» porque el presidente regional «defiende los 240 hectómetros» como límite no trasvasable. En Toledo, Jesús Labrador, portavoz del PP en el Ayuntamiento, se limitaba a señalar que «no es el momento para realizar nuevos trasvases desde el río Tajo» y defendió la preferencia de la cuenca cedente sobre la receptora.

Dos protestas estaban convocadas ayer, una en Talavera de la Reina y otra en Toledo capital, ambas convocadas por las respectivas plataformas ciudadanas que se oponen activamente al «expolio» del río Tajo. En la primera de ellas, cerca de un millar de personas se concentraron a las 18.30 horas junto al río Tajo en Talavera para protestar por el nuevo trasvase. La manifestación estuvo organizada por la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de la ciudad, y contó con la presencia de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, y de buena parte de la Corporación municipal talaverana, incluido el alcalde, Jaime Ramos, del PP.

La consejera expresó su malestar y el del Gobierno autonómico por la derivación de agua, y subrayó que el Ejecutivo central «no defiende los intereses de Castilla-La Mancha y sí los de otras regiones». Añadió que los servicios jurídicos de la Junta están esperando que se publique el acuerdo del trasvase para «ver la letra pequeña» y analizar la posibilidad de plantear un recurso. Criticó que la región no esté presente en la comisión que estudia la aprobación de los trasvases, por lo que ha pedido a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que «ya que no nos escucha en las mesas de negociación , escuche la voz de los castellanomanchegos». Reprochó a la ministra que permita derivaciones de agua al Levante «cuando caen cuatro gotas», porque «hipoteca al Tajo y al desarrollo y crecimiento de ciudades como Toledo y Talavera».

Como ya dijo en una entrevista a ABC, la titular de Fomento reiteró qye los pantanos de la cabecera del Tajo —Entrepeñas y Buendía— necesitan un mínimo de 900 hectómetros cúbicos para garantizar el desarrollo en los municipios ribereños, que en verano tendrán que volver a abastecerse con camiones cisterna. Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, Miguel Ángel Sánchez, calificó de «aberración» la política trasvasista del Gobierno central, que tachó de «suicida» porque «no ven otras alternativas» y de «heredera de la época franquista». En su opinión, las decisiones sobre el trasvase del Tajo al Segura están controladas por «el mayor ‘lobby’ de ‘aguatenientes’ de España» al igual que por grupos de presión que, a su juicio, en la zona de Levante permiten al PP obtener el poder en gobiernos regionales. Por su parte, el alcalde talaverano, Jaime Ramos, planteó la necesidad de fijar un marco regulador que garantice agua en cantidad y en calidad en el río Tajo a su paso por Talavera.

En Toledo capital, unas 400 personas se dieron cita en la protesta de la Plaza de Zocodover, donde estuvo presente la alcaldesa, Milagros Tolón, y concejales del PP, así como el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez. El delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, por su parte, dijo que «la ley avala los trasvases», y abogó por un Pacto Nacional.