El derribo de Valdecañas destapa el hartazgo urbanístico de las autonomías

Extremadura, Galicia, País Vasco, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla son las comunidades firmantes de un manifiesto que critica la normativa territorial y urbanística. «Se está volviendo insegura y frágil», dicen, tras años de lidiar con ella y de enfrentarse a múltiples procedimientos judiciales en todos los territorios.

Según defienden, existe una «gran complejidad» técnica, jurídica, social, política y económica que además implica «innumerables informes sectoriales», procedentes de diferentes departamentos y organismos. No cumplir o solicitar alguno de ellos puede derivar en que el plan por completo, años e incluso décadas después, pueda ser tumbado en su totalidad por la Justicia.

«En algún plan urbanístico reciente ha habido que pedir 52 informes sectoriales», ejemplifica Ángel Menéndez Rexach , catedrático de Derecho Administrativo especializado en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

El Gobierno es consciente del problema y se había fijado como objetivo para esta legislatura simplificar en cierta medida los procedimientos. Pero el texto sigue sin llevarse al Consejo de Ministros después de que el año pasado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana llevara a información pública el anteproyecto para modificar la Ley de Suelo. Este periódico consultó al Ministerio sobre el estado de la tramitación, sin obtener respuesta.

Para Menéndez, sin embargo, el borrador no ataca el núcleo del problema ni limita los informes. Estos se empezaron a pedir en los años 80, para evitar el caos organizativo de los desarrollos urbanísticos impulsados por los ayuntamientos. Hasta entonces era posible que la entidad local declarara urbanizable el litoral sin tener en cuenta los deslindes, por ejemplo. Cuando Costas recalaba en ello, había un problema. «Al principio esos informes eran contados», explica Menéndez. Se pedían a Costas, Transportes, Aguas o Puertos y poco más. Pero el despliegue legislativo acometido a lo largo de los años ha enmarañado el procedimiento. Los informes ya se piden a todos los niveles administrativos, e incluso a diferentes departamentos de un mismo ministerio sin que nadie los coordine. «Es un jaleo y un problema gravísimo» , defiende el catedrático.

Esto no solo es complejo, sino que conlleva otro problema asociado. «En los últimos años se ha incrementado de forma exponencial en España los casos de nulidad del planeamiento territorial o urbanístico debido a vicios formales», dicen las comunidades.

La jurisprudencia del Supremo sostiene que la nulidad del planeamiento no admite subsanación, convalidación o conservación de trámites. Es decir, que si se omite algún paso o requisito, el proyecto decae por completo, volviendo al plan anterior. Es un hecho desesperante para autonomías y ayuntamientos, que pueden encontrarse de golpe teniendo que apañarse con planes urbanísticos de los años 60. Para evitarlo, piden una reforma que acabe con esta «nulidad radical» como ya han hecho países como Francia, Italia o Alemania y, si falta algún requisito, se pueda subsanar sin echar atrás todo el plan.

Ecologistas en Acción , organización que impulsó la demanda contra Valdecañas, discrepa del contenido del manifiesto. «Es cierto que en los últimos años los tribunales han declarado nulos numerosos planes urbanísticos, pero porque son ilegales », aseguran. «En ocasiones ignoran los informes técnicos o se omiten informes sectoriales llamados a asegurar la protección ambiental». Temen, según expresa María Ángeles Nieto, portavoz del área de urbanismo de Ecologistas en Acción, que las reclamaciones de las comunidades «sí pueden tener recorrido». «No es descabellado pensar que pudiera salir adelante [la petición de las comunidades]. Los únicos factores más limitantes son el tiempo que queda de legislatura y los problemas que ya tiene el país».

El manifiesto, que se hizo público pero no se remitió al Gobierno, incluye un apartado específico a raíz de la Marina Isla Valdecañas , declarada ilegal por emplazarse en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura. Las autonomías denuncian que podría sentar las bases para que todos los territorios de la red queden bajo la máxima protección, haciendo imposible compatibilizar medio ambiente y desarrollo económico.

El terreno que abarca la Red Natura no es poco: son 138.000 km2, el 27% de la superficie del país . «Desde la Administración regional se estima la incongruencia de la existencia de términos municipales en los que no se puede hacer nada puesto que el total del término está declarado como zona ZEPA», aseguran desde la Junta extremeña.

Pero, dentro de la Red Natura, el suelo tiene diferentes grados de protección, apunta Menéndez Rexach. Hay espacios protegidos, suelos urbanos y suelos urbanizables. El catedrático matiza que el motivo de la nulidad de Valdecañas es «una cuestión sustantiva», de construcción en «suelo no urbanizable y con la máxima protección». Estos terrenos no se pueden desnaturalizar, salvo que antes se haya demostrado ante Bruselas que ya no hay valores dignos de protección.

«Lo que ha determinado el Constitucional es la imposibilidad de reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables en la Red Natura», responden también desde Ecologistas. «Quien está liderando todo este movimiento es Extremadura . Busca por todos los medios la legalización de Valdecañas», dice Nieto. No obstante, la dura sentencia sobre el resort ha hecho cundir la sensación de inseguridad entre las autonomías, que piden no aplicar criterios genéricos de forma automática .