Denuncian presiones a los docentes para que los alumnos aprueben el Bachillerato y lleguen a la EBAU

«Las administraciones, a través de los inspectores, les meten presión a los docentes para reconsiderar la situación de aquellos alumnos que están suspensos, sobre todo en Bachillerato y así puedan llegar a la EBAU», denunció Mario Gutiérrez , presidente de Educación del CSIF quien ha dicho que las comunidades donde se produce este escenario son Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, La Rioja y Navarra. Se trata de aquellas regiones que se han adherido a una polémica orden publicada por el Ministerio de Educación el pasado 24 de abril. Cataluña también se ha adherido a esta orden pero el sindicato no tiene constancia de presiones en esta comunidad.

Esta deja en manos de las comunidades autónomas los criterios de promoción de curso y titulación. El problema del contenido de esta norma es que va contra la ley educativa vigente (Loe-Lomce) y la propia Constitución que establece que la «obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales» corresponden al Estado.

Por otro lado, el CSIF presentará un plan a medio plazo con las bases para reconstruir la Educación afectada por la pandemia de coronavirus. Se trata de una alternativa al documento del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, para el comienzo de curso 2020-2021. El CSIF dará su voto negativo al documento del Consejo Escolar en su comisión permanente, donde recibirá aportaciones, y en su pleno, donde finalmente será sometido a votación (las fechas de la comisión y del pleno son los próximos 16 y 23 de junio, respectivamente). El documento del Consejo Escolar al que se opone el CSIF incluye una polémica propuesta: un certificado que se obtenga independientemente de los suspensos , que sustituya el título que certifica haber superado la Educación Secundaria Obligatoria y que permita continuar los estudios.

El problema es que esta propuesta ya ha sido presentada por el presidente del Consejo Escolar del Estado, Enrique Roca Cobo cuando compareció en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso el pasado 4 de junio pese a no ser votada en el seno del órgano consultivo: «Criticamos la propuesta del certificado realizada por el presidente del Consejo Escolar ya que conllevará a un desprestigio de los títulos académicos y a una mercantilización de la educación. Además, el presidente se ha extralimitado en sus funciones y ha dado por buena esta propuesta en el Congreso cuando no fue aprobado ni en el pleno del Consejo Escolar del Estado».

En su plan de reconstrucción, el sindicato reclama una inversión mínima por alumno de unos 5.800 euros anuales . ¿Cómo han llegado a esos cálculos? «Buscamos la media de España en los años anteriores a la crisis y estaba en 5.600 euros, por tanto, consideramos que para igualar y tener un suelo debe estar en los 5.800, que sería una inversión mínima y que tiene que ser aumentada para llegar al 7 por ciento del PIB», porcentaje que también reclama este sindicato.

Además, piden la contratación de 40.000 docentes, «un tercio más de profesorado que se necesitará para la reducción de ratios, apoyos y desdobles» y que exigirá la vuelta al cole en el contexto de la pandemia para respetar la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. La idea del sindicato, sin embargo, que este escenario se mantenga en el tiempo, se debe «usar el Covid-19 para mejorar la educación a futuro».