WWF denuncia que los incendios afectan a más población por el «descontrol urbanístico»

Ésta es la conclusión principal del informe «Fuego a las puertas», presentado hoy en una rueda de prensa en Madrid por Enrique Segovia y Lourdes Hernández, director de conservación y responsable de incendios forestales de WWF, respectivamente.

Segovia destacó que los desastres de las últimas semanas, con un incendio en Portugal que devoró 55.000 hectáreas y en el que murieron 65 personas, y otro en Doñana que quemó 8.500 hectáreas y obligó a evacuar a 2.000 personas, tienen en común que actualmente se desarrollan « superincendios » por la existencia de montes abandonados, el cambio climático y al «descontrol urbanístico» en la interfaz, esto es, lugares «en los que se difumina lo rural y lo urbano».

«Cuando se produce un gran incendio y hay urbanizaciones, los medios de extinción dejan de preocuparse por el incendio para que no haya daños personales y materiales. Son los incendios del siglo XXI», añadió, antes de sentenciar que estos fuegos ya no son «un problema del mundo rural, sino de emergencia social» porque obligan a hablar de «víctimas humanas, carreteras cortadas y personas desalojadas».

« Somos muy buenos apagando incendios . El 74% de los incendios que se produjeron en 2016 se apagaron antes de que se quemara una hectárea, pero se escaparon al control 22 grandes incendios forestales, que quemaron el 50% de la superficie forestal. Literalmente, tenemos el fuego a las puertas», apostilló.

Por su parte, Lourdes Hernández explicó que anteriormente había incendios con frentes lineales relativamente fáciles de apagar, pero ahora son «explosivos», con múltiples focos y con un comportamiento impredecible del fuego. Hernández comentó que el número de incendios se ha reducido en un 40% en la última década , aunque el 96% de ellos tienen origen humano , y que España cuenta con medios eficaces de extinción porque el 67% de los fuegos se apagan antes de que arrasen más de una hectárea de superficie. Sin embargo, comentó que el tamaño de los grandes incendios forestales (cuando queman al menos 500 hectáreas) ha crecido en un 25% en la última década y su proporción es mayor en relación a la cantidad total de superficie calcinada, con un 50% en 2016.

Hernández subrayó que «los incendios han dejado de ser un problema estrictamente rural y ambiental» al incrementarse las intervenciones de emergencia civil, ya que en 2015 hubo un 40% más de personas evacuadas en comparación con 2005. «Tenemos menos incendios, menos superficie afectada, ‘superincendios’ cada vez más grandes imparables y más emergencias. La prevención de los grandes incendios forestales es la gran asignatura pendiente», apostilló.

Indicó que ello se debe al cambio climático (récords anuales de altas temperaturas, olas de calor, sequía que se acumula en el suelo...), al abandono rural (con «masas forestales a la deriva») y al «caos territorial» con la construcción de asentamientos donde «hay más probabilidades de que se desarrolle un ‘superincendio’» y fuerzan a los dispositivos de extinción a «cambiar su estrategia: dejan de atacar el frente del incendio para pasar a la defensa de las poblaciones».

Hernández señaló que sólo un 10% de las urbanizaciones tienen un plan de autoprotección frente al fuego , con los principles riesgos en el litoral mediterráneo desde Gerona hasta Valencia, Baleares, Ávila, Madrid y las provincias costeras de Galicia.

Destacó que la normativa para la prevención de los incendios forestales es «incompleta y descoordinada» y solicitó que «se prohíban nuevos asentamientos y se retiren las construcciones ilegales». «Nos espera un futuro muy negro si seguimos con esta tendencia. El cambio es posible. Cada vez hay más consenso técnico y científico, lo único que hace falta es acción política y que el problema no sea visible cuando arde el monte», dijo.

Por último, Segovia enumeró cuatro recomendaciones: « conocer el riesgo », en el sentido de que las comunidades autónomas cartografíen las zonas de alto riesgo de incendio forestal, principalmente en las interfaces urbano-forestales; « planificar el territorio » para que no se permitan asentamientos urbanos en lugares donde puede arder el monte; « gestionar para minimizar el riesgo » con políticas que hagan el paisaje menos vulnerable a la propagación de las llamas, y « comunicar el riesgo » a los ciudadanos que vivan en asentamientos con riesgo de incendio