El Defensor del Pueblo pregunta por los 16 casos de explotación sexual infantil confirmados en Mallorca

Según han explicado fuentes oficiales de la Oficina del Defensor del Pueblo a este diario, Fernández Marugán se ha dirigido por escrito al IMAS solicitando información sobre los casos citados . Dichas fuentes han recordado que el Defensor del Pueblo puede actuar, bien a partir de la recepción de quejas de ciudadanos, bien de oficio, como ha ocurrido ahora. Cuando Fernández Marugán haya recibido toda la información solicitada al IMAS, uno de los posibles pasos a seguir podría ser ofrecer una serie de recomendaciones a dicho organismo para que intente evitar nuevas situaciones de explotación sexual infantil.

Cabe recordar que la posible deficiente atención institucional que estarían recibiendo algunos menores en los centros de acogida y de internamiento de Mallorca está siendo objeto de debate en los últimos días, tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó.

Tras la agresión sexual en grupo sufrida por la citada niña, la menor se puso en contacto con la psicóloga de su centro de acogida, pidiéndole ayuda a través de su teléfono móvil. A continuación, los técnicos del centro tutelado acudieron en auxilio de la víctima. Seguidamente, fue conducida a un centro hospitalario. El informe de la médico forense que atendió a la niña habría señalado que las lesiones que presentaba eran compatibles con una agresión sexual múltiple. Se activó entonces el protocolo previsto, por lo que el caso pasó a la Policía Nacional. Las diligencias previas fueron derivadas a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que se hizo cargo de la investigación.

En la denuncia presentada por la propia víctima en la mañana del 25 de diciembre, dicha niña habría dejado entrever que horas antes de la agresión sexual múltiple que sufrió en Es Camp Redó, un grupo de adultos con que se topó en la barriada de Son Gotleu habría intentado prostituirla . En su denuncia, la menor habría hecho también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros tutelados que cuando salen por unas horas de dichos centros se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.

Por su parte, la Policía Nacional detuvo a siete menores y a un joven mayor de edad como sospechosos de haber participado de forma directa o indirecta en la violación grupal de la niña, de nacionalidad española. Los presuntos agresores se habrían turnado para violar a la víctima, si bien habrían alegado ante la Policía que se habría tratado de relaciones sexuales consentidas. Todos los sospechosos, también españoles, fueron puestos en libertad sin medidas cautelares. Aun así, los siete menores arrestados inicialmente —seis chicos y una amiga de la niña— pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores.

Tras conocerse públicamente el caso de la niña violada en grupo en Palma y la existencia de menores víctimas de explotación sexual infantil en Mallorca, algunos trabajadores de los centros de acogida han denunciado la supuesta inacción política ante los citados casos . En ese contexto general, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, acordó «la incoación de diligencias de investigación penal» para el esclarecimiento de esos hechos.

Cabe recordar que un centro tutelado o de acogida es distinto a un centro de internamiento. En los centros tutelados el régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados, que, como se ha indicado, son gestionados por el Consell de Mallorca a través del IMAS. En los centros de acogida trabajan equipos multidisciplinares, conformados por trabajadores sociales, psicólogos, maestros y educadores sociales, si bien son estos últimos quienes se ocupan esencialmente de la atención a los menores tutelados.

Por lo que respecta a los centros de internamiento, que son de régimen cerrado para menores con antecedentes, los tres que existen en Mallorca son gestionados por el Gobierno balear, que en la presente legislatura preside la socialista Francina Armengol. Precisamente, la pasada semana trascendió que desde 2016 el Govern ha despedido a cinco trabajadores de los centros de internamiento que gestiona por «conductas sexuales inadecuadas» con menores. De los cinco —cuatro mujeres y un hombre—, cuatro fueron denunciados ante la Fiscalía. Hay que señalar que cuando se habla de conductas sexuales inadecuadas, deben considerarse como tales, entre otras, las situaciones de acoso, los tocamientos y los abusos.

La responsable de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno en Baleares, Julia Vázquez, explicó la pasada semana que la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen constancia de la existencia de «redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores» en Mallorca, si bien sí han detectado casos aislados de personas que estarían prostituyendo a adolescentes de centros tutelados.

Precisamente, fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno confirmaron a ABC que a lo largo del último lustro la Guardia Civil ha llevado a cabo en Mallorca diez operaciones vinculadas a la posible prostitución de menores , mientras que las actuaciones de la Policía Nacional realizadas en ese ámbito de investigación se situarían en torno a doce en total. En cualquier caso, no se trataría de intervenciones circunscritas exclusivamente a casos de menores de centros de acogida.

Por su parte, el presidente del IMAS, Javier de Juan, anunció también la pasada semana la creación de una comisión para combatir la explotación sexual infantil. Dicha comisión se ha reunido este miércoles por vez primera y ha propuesto varias medidas para mejorar la atención a las víctimas. Una de esas medidas sería que se considere «de alto riesgo» el hecho de que un menor no regrese a su centro de acogida tras haberse escapado. Cabe recordar que en el Consell gobierna un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera. Desde la oposición, el PP, Vox, Cs y Proposta per les Illes han exigido la creación de una comisión de investigación en relación a los 16 casos de explotación sexual infantil confirmados hasta ahora por el IMAS. Dicha comisión de investigación en principio ha sido aceptada por el PSOE.