La cumbre climática que enfrentó la ciencia con la política

Asumir esta advertencia se convirtió en todo un reto durante la cumbre, en un nuevo escenario geopolítico con actores como el presidente de EE.UU. Donald Trump o el líder electo de Brasil Jair Bolsonaro. No obstante, los 197 países del pacto lograron establecer las reglas básicas (e imprescindibles) para poner en marcha del Acuerdo de París a partir de 2020.

Uno de los puntos de mayor fricción giró en torno a un informe científico, elaborado por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC). Un texto que la propia ONU solicitó hace tres años para explicar el impacto del calentamiento global. Ese informe concluía que el planeta aún puede quedarse en unos límites «seguros», pero es necesario tomar acciones «sin precedentes» para la descarbonización en el plazo de una década.

Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia y Kuwait se negaron a «dar la bienvenida» al informe porque, en esencia, implica aumentar las acciones en la lucha contra el cambio climático. Al final, tras duras negociaciones, esta parte quedó descafeinada, aunque se logró que se reconocieran las aportaciones de la comunidad científica . «Si bien estos países evitaron que la urgencia se reflejara en la decisión final, la gran mayoría de los países indicaron que habían escuchado la grave advertencia de los científicos», valoró ayer Alden Meyer, de la Unión de Científicos Preocupados (UCS). «La formulación final del texto simplemente anima a los países a tener en consideración los resultados del informe y elimina del texto anterior que hacía una referencia numérica en torno a las reducciones necesarias», matizó Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción.

Según explicó la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera , «no ha habido ningún debate que cuestionara el papel de los hechos y la información de la comunidad científica», aunque, reconoció, hubiera preferido «un lenguaje más explícito».

Donde sí se ha logrado un acuerdo claro es en la forma en la que se van a medir, revisar y comparar las aportaciones de cada país en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, con metodología científica. Todos los países deberán presentar un informe bienal sobre sus emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, sus planes futuros para seguir reduciendo emisiones así como la forma en la que se adaptan al cambio climático o los impactos que han sufrido.

El primer balance mundial con el objetivo de ir aumentando los objetivos nacionales para luchar contra el calentamiento global se presentará en 2023, una fecha algo más tardía de lo que pedían los estados más vulnerables, como los insulares del Pacífico. A partir de esa fecha, se realizará una evaluación cada cinco años.

El dinero también acaparó buena parte del tiempo y de las preocupaciones durante las dos semanas de negociaciones. Finalmente los países firmantes acordaron aumentar la previsibilidad de la financiación para luchar contra el cambio climático y reconocieron la necesidad de destinar más recursos (algo que se fijará en 2025), aunque no se logró determinar cómo se alcanzarán los 100.000 millones de dólares que ya estaban previstos para 2020.

La postura de Brasil impidió llegar a un acuerdo sobre el mecanismo de cooperación global de emisiones, que permitiría a los países comprar y vender «créditos» sobre su volumen de emisiones. Se volverá a negociar en la próxima cumbre , que se celebrará en Chile en 2019.

Empresas, ciudades y colectivos sociales se han convertido en actores a los que se les reconoce su papel para luchar contra el cambio climático . El Banco Mundial anunció 200.000 millones de dólares en inversiones en este sentido; y cinco bancos (como ING, BBVA o Societé Générale) y 17 organizaciones deportivas (como el COI o la FIFA) anunciaron también que orientarán sus actividades para ayudar en la lucha contra el calentamiento global.