Una cuenta de crowdfunding financiará la demanda del ex de María Sevilla contra Irene Montero

La expareja de la indultada, Rafael Marcos , ha decidido a raíz de estos comentarios presentar una demanda por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor frente a Irene Montero y sobre cualquier voz que le acuse de algo similar, como la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez Pam , que lo asoció con delitos de maltrato y le acusó de ser un agresor sexual.

Serán los abogados Lupe Sánchez, Ruth Arroyo, Pablo Franco y Yobana Carril los encargados de la demanda. La letrada Carril confirma que «que están realizando las primeras reuniones para analizar cúal es la vía más adecuada para la demanda». Además, apunta «que cualquier persona que haya acusado a Rafael Marcos de algo que no es, también sería demandada». Sumándose así, los testimonios vertidos por la periodista Ana Pardo de Vera, que lo calificó de «pederasta».

Carril afirma que «no se le puede acusar de ser un maltratrador, cuando no ha sido condenado nunca». Más allá de la defensa de Marcos, puntualiza que lo «hacen por responsabilidad y por la defensa a los padres que se les humilla y se asalta su honor , y sobre todo si lo realiza una ministra porque afecta a los cimientos del Estado de Derecho».

Los abogados de la causa realizarán su trabajo de forma desinteresada y las costas del juicio se financiarán a través de una cuenta de crowdfunding gestionada por la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), que defiende a hombres, mujeres y niños en estas causas.

«Creemos que se dan las circunstancias suficientes para llegar a buen puerto, porque se han vulnerado unos derechos e independientemente del resultado no haremos lo que hace Montero, el vulnerar la imagen de un inocente y aceptaremos lo que digan los jueces», apunta la abogada de la causa.

Por último, hace hincapié en que «no se puede actuar sobre unos padres inocentes desde el Gobierno» y «que somos salvaguardas del Estado de derecho y buscaremos el amparo del ámbito judicial para que los miembros del Gobierno no crucen la línea entre lo legítimo o no».