La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá - ABC

En cuatro semanas tiene que estar aprobada la medida de la sanidad universal

El Gobierno socialista afirmó el 15 de junio que en seis meses se derogaría el Real Decreto aprobado por Rajoy

MadridActualizado:

Al Gobierno de Pedro Sánchez le quedan cuatro semanas para cumplir su promesa de devolver la sanidad universal a todos los inmigrantes irregulares que se encuentran en España. Este es el objetivo que se marcó en el primer Consejo de Ministros, celebrado el 15 de junio.

El anuncio lo realizó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, en la que desveló la intención del Gobierno de derogar el Real Decreto 16/2012. Una normativa que aprobó el Ejecutivo del Partido Popular para racionalizar el gasto sanitario.

Celaá anunció esta medida el pasado 15 de junio, afirmando que estaría lista para entrar en vigor en seis semanas. Un plazo que finaliza el próximo día 27, justo antes de que se inicien las vacaciones de verano del mes de agosto.

Pero la promesa del Gobierno no es tal y como se explicó. Días antes, la ministra realizó una ronda de contactos telefónicos con los consejeros autonómicos y les reconoció que su objetivo, de momento, solo afecta a la tarjeta sanitaria, y que eliminar el copago farmacéutico (que costaría 550 millones de euros) forma parte de una fase posterior, Entre otras cosas porque, si es así, los consejeros autonómicos, sobre todo del PP, le pedirán más financiación autonómica para asumir la carga económico que van a tener que afrontar.

El Ministerio de Sanidad no tenía muy claro, al menos hasta hace una semana, cómo va a devolver la tarjeta sanitaria a todos los irregulares. Así se puso de manifiesto en la reunión de la Conferencia Sectorial de Sanidad, celebrada el pasado 28 de junio, en el que se abordó, como único punto del orden del día, esta cuestión.

Los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el PP denunciaron que no se les presentó ni un estudio del impacto económico, ni las garantías jurídicas de la aplicación de esta medida.

Sanidad solo desvela que dará tarjeta sanitaria a los inmigrantes empadronados durante tres meses.