Cuatro razones que demuestran que la ley de libertad religiosa no está «obsoleta»

Garantiza la libertad de pensamiento y conciencia. La norma que se aprobó en 1980 no discrimina ni privilegia a ninguna confesión, ni tampoco hace distinción entre los ciudadanos que profesan una u otra religión. Incluso reconoce el derecho de toda persona a no profesar ninguna; abandonar la que tenía o cambiarla.

Igualdad de trato para todas las confesiones. A lo largo de sus ocho artículos, la ley garantiza a todas la confesiones su derecho a «establecer lugares de culto, designar y formar a sus ministros, propagar su propio credo, gozar de personalidad jurídica y establecer acuerdos de cooperación con el Estado». Incluso señala que «respetando siempre el principio de igualdad, se podrá extender a dichas iglesias y confesiones los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin de lucro».

Laicidad positiva y neutralidad del Estado. En su artículo segundo señala que «los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios, así como la formación religiosa en los centros públicos».

Esta relación de colaboración con la Iglesia católica y demás confesiones no es una ocurrencia de esta norma. Este modelo de laicidad positiva ya está amparado en el artículo 16 de la Constitución. Tanto la ley como la Carta Magna señalan que pese a que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», los «poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad».

El profesor de Derecho Público externo de la Iglesia en la Universidad de Navarra, Joaquín Calvo-Álvarez, explica que «no es función del Estado definir su actitud hacia la religión, ni a favor ni en contra, sino más bien ocuparse de que las personas y la sociedad tengan la debida libertad, también en estas materias». Y eso es lo que garantiza la ley de Libertad Religiosa vigente.

Presencia en el espacio público. La norma reconoce, además, a las confesiones el derecho «a reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos».