El Csif denuncia el despido del 42 por ciento de los docentes de refuerzo contratados por el Covid

El sindicato exige al Ministerio de Educación que asuma su posición de liderazgo para que las autonomías se doten de los medios necesarios para garantizar la calidad educativa. «Y para eso es preciso que se mantengan los refuerzos de personal contratado por el Covid y que se reduzcan las ratios de alumnado por clase, tal y como exigimos mediante una concentración frente al Ministerio de Educación el pasado 10 de junio».

El estudio de CSIF además pone de manifiesto «un déficit estructural de alrededor de 50.000 docentes, teniendo en cuenta el incremento de las ratios producido desde la crisis de 2009 . Además, las jubilaciones de este año y las previstas para el próximo ejercicio, así como las plazas necesarias para reducir la tasa de interinidad al 8 por ciento, tal y como se ha marcado el Gobierno hace preciso convocar 180.000 plazas docentes en los próximos tres años », asegura el sindicato.

Mientras tanto, «instamos al Ministerio y a las diferentes comunidades a que durante el mes de septiembre revisen las necesidades e incrementen la seguridad y la dotación de recursos para que las clases puedan impartirse en condiciones adecuadas. Además, es necesario impulsar un plan de inversión en recursos tecnológicos y para afrontar las dificultades del alumnado durante estos dos cursos marcados por la pandemia».

Por otro lado, «desde CSIF r eclamamos los datos de vacunación tanto de personal docente como del alumnado para conocer el nivel de inmunidad en el ámbito educativo . Aunque el ritmo de vacunación se acelera también entre los adolescentes, los docentes siguen sufriendo una gran incertidumbre, agravada si finalmente hay más alumnado por clase y no se reducen las distancias. Es necesario que las nuevas medidas garanticen la máxima seguridad de los centros».

CSIF entiende que los fondos acordados en el seno de la Unión Europea deben servir para que este curso marque el comienzo de la reconstrucción de la Educación tras años de recorte, teniendo en cuenta que es una pieza estratégica fundamental para la modernización de este país y el cambio de modelo de nuestro sistema productivo.

Sin embargo, de cara al nuevo curso, «la ratio de alumnos aumentará y volverá a los niveles establecidos antes de la pandemia, que recordemos son los establecidos desde 1990 . Esto implica que los desdobles y los refuerzos de profesorado que hubo el curso pasado no podrán llevarse a cabo, a pesar de que se han demostrado imprescindibles para luchar contra el fracaso escolar y abandono educativo, dos problemas estructurales de nuestro sistema educativo».

Por último, exigimos que el Ministerio de Educación «lidere la implementación de la nueva ley educativa y con un proceso de negociación colectiva, mejore la educación pública de nuestro país, aprovechando de manera finalista los fondos europeos».

«Es fundamental que esta aplicación se desarrolle de manera homogénea en todo el territorio y que el desarrollo de la Lomloe no agrave las diferencias ya existentes entre las comunidades autónomas en el derecho constitucional de la educación. Asimismo, exigimos altura de miras para que esta aplicación no sea una nueva guerra partidista que tanto perjudica a nuestro sistema educativo».

«Otro de los retos es la aprobación de una Ley del Profesorado que recoja las reivindicaciones históricas de este colectivo, como el Estatuto Docente y una carrera profesional que reduzca las diferencias retributivas actuales entre CC.AA., que ascienden hasta los 300 euros y un acceso a la función pública docente ajustado a las necesidades actuales de nuestro sistema educativo».

«Y es que en las oposiciones docentes celebradas este verano se han consolidado 25.636 plazas docentes de las cuales el 80,27% de los aspirantes que han superado el proceso de concurso-oposición tienen experiencia docente. Esto es consecuencia del acuerdo de reducción de temporalidad firmado por CSIF, gracias al cual se consigue la verdadera estabilidad con garantía jurídica. Sin embargo, siguen quedando plazas sin cubrir y muchos opositores con experiencia docente no llegan a la fase de concurso, lo que evidencia que es necesario también negociar modificaciones importantes en el Real Decreto de acceso».