Crisis del mar Menor: investigan la legalidad del 20% de los cultivos en el Campo de Cartagena

Es la primera vez que se da a conocer esta cifra, que fue comunicada por el presidente de la CHS, Mario Urrea, en el transcurso de la reunión que tuvo lugar el jueves en el Ministerio para la Transición de Ecológica entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Luengo. La cita tenía como objetivo diseñar el calendario del Plan de Vertido Cero para la recuperación ambiental de la laguna salada.

Urrea destacó este viernes que se trata de una superficie importante, equivalente al 20% de toda la zona regable de la comarca que circunda el mar Menor. En estas 9.500 hectáreas sin concesión se incluyen las 1.600 que fueron detectadas meses atrás por los técnicos de la Comisaría y agentes de la CHS.

Estas 9.500 hectáreas bajo investigación se corresponden a la diferencia en las imágenes que han sido c apturadas por teledetección vía satélite, que muestran lo que se está regando, y la comparación con los datos del Registro de Aguas públicas. «Hemos constatado que algunas de ellas se han regado en los últimos años. La Comisaría de Aguas ha abierto un expediente de actuaciones previas para comprobar si se trata de superficies que tienen la consideración de ilegal, o si existe un error en el Registro por algún motivo. Estamos en esa fase», explicó Urrea.

Por ahora, la primera guía de trabajo conjunto relativo al Plan de Vertido Cero establece como prioridad número uno reforzar la inspección y disciplina de la ley de Aguas . El director de la CHS dijo que si no existe posibilidad de regularización de estos cultivos, darán conocimiento a la Consejería de Agricultura. Según la nota que remitió el ministerio tras la reunión, la CHS tiene potestad sancionadora si detecta pozos ilegales, regadíos y vertidos no autorizados, pero es la administración autonómica la que debe desmantelar esos regadíos ilegales. Por ello, la Confederación Hidrográfica debe trasladar al Ejecutivo de Murcia los expedientes.

La procedencia del agua utilizada en estos terrenos no está clara. Los cultivos del Campo de Cartagena se nutren de recursos del Trasvase Tajo-Segura, que tienen unas asignaciones concretas fijadas por la ley en sus respectivas unidades de demanda agraria, así como por agua de pozos y de desaladoras.

La CHS está reforzando la vigilancia y control del dominio público hidráulico frente al regadío ilegal. En el Campo de Cartagena se ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos, pasando de 92 en 2018, a 207 en 2019. También trabaja en la inspección y sanción de incumplimientos en el dominio público marítimo terrestre, e intensificará el control y la vigilancia de emisarios que viertan al mar Menor.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Vertido Cero, que incluye competencias del Ministerio y de la Región de Murcia. La hoja de ruta acordada el jueves prevé medidas inmediatas que atañen al Ministerio. Entre las actuaciones urgentes para disminuir la entrada de nutrientes en la laguna salada, la CHS está trabajando en la rambla del Albujón, una de las principales fuentes de aportes de nitratos. Así, se está reparando una tubería de impulsión que derivaría parte de las escorrentías para el uso agrario. Se espera que esté finalizada en una o dos semanas, como ya adelantó ABC, aunque se trata de una medida transitoria.

Asimismo, el Ministerio ha encargado un análisis integrado para averigua r cuáles son los problemas estructurales de la laguna. Estarán disponibles en un mes. El primero, estudiará la dinámica de los acuíferos, y ha sido encargado al Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El segundo, analizará el estado del mar Menor y las causas del deterioro, y lo elaborará el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

El colectivo Pacto por el Mar Menor, por otra parte, salió ayer al paso de las declaraciones de dirigentes de Coag y Fecoam que proponen «devolver a secano lo que es de secano» y que no existan regadíos intensivos en la zona más próxima al Mar Menor. «Estas declaraciones de los representantes de pequeños y medianos agricultores son el reconocimiento de lo que es un secreto a voces: que grandes empresas agrícolas compran extensas fincas a precio de secano y las transforman ilegalmente en regadío, multiplicando por diez su valor y consiguiendo enormes beneficios con el cultivo intensivo», indicó en una nota. Comparó la situación con los «pelotazos» de la época del «boom inmobiliario».

La Asociación de Municipios Ribereños culpó a la agroindustria de la Región de Murcia de los problemas ecológicos en el Mar Menor y de la situación de los embalses de cabecera del Tajo. «El asesino del Mar Menor es reincidente, lleva torturando al río Tajo décadas», manifestó la presidenta, María de los Ángeles Sierra, informó EP.