Denuncian un precio abusivo del remdesivir: 2.000 euros por tratamiento frente a los 6 de producción

La directora de Salud por Derecho, Vanessa López, ha recordado además que existe una enorme cantidad de dinero público invertido en el desarrollo de este fármaco y en sus ensayos clínicos que, ha advertido, no han demostrado una reducción significativa de la mortalidad en los pacientes.

« El precio de los medicamentos debería ir relacionado con lo que cuesta desarrollarlos y producirlos , más un beneficio justo y razonable, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo público que se ha invertido en toda la cadena de I+D», ha subrayado.

En este sentido, ha recordado a los gobiernos que, ante la escalada continuada en el precio de los fármacos y en casos como el actual, inmersos en una enorme crisis de salud pública, existen fórmulas que permiten asegurar precios justos y asequibles.

Y se ha referido en concreto al uso de licencias obligatorias para suspender temporalmente la patente de un medicamento y poder producir genéricos, provocando así una bajada de los precios y asegurando una mayor producción y el abastecimiento .

El remdesivir actúa inhibiendo una enzima del virus indispensable para su multiplicación. En lo referente a su eficacia, a finales de abril se publicaron en «The Lancet» los resultados preliminares de un estudio realizado en Hubei (China). Aunque no fueron estadísticamente significativos, se observó que el «tiempo hasta la mejoría clínica» fue menor en los pacientes que recibieron remdesivir en el marco de los primeros 10 días desde el inicio de los síntomas.

Otros estudios, como el NIAID-ACTT-1, en el que se evaluó la eficacia y seguridad del remdesivir en pacientes hospitalizados con neumonía por SARS-CoV-2 , sí obtuvieron resultados estadísticamente significativos.

Por su parte, la Comisión Europea autorizaba el pasado viernes la comercialización condicional del Remdesivir . Según Bruselas, el permiso se ha conseguido en un plazo «excepcionalmente corto» gracias procedimiento acelerado que ha contado con el visto bueno también de los Estados miembros y que ha permitido acortar los tiempos frente a los 67 días de media que se suele tardar en conceder estas autorizaciones.