Cáritas pide suspender los desahucios en marzo y abril

En concreto, la labor social de la Iglesia católica en España alerta de los efectos sociales que esta emergencia sanitaria creada por el Covid-19 puede producir en 8,5 millones de personas en situación de pobreza y exclusión, que representan el 18,4% de la población española, según los datos de FOESSA. Por ello, en este documento, la organización identifica una serie de medidas sociales que deberían adoptarse «con carácter de urgencia en esta primera etapa de la emergencia» en materia de empleo, vivienda, alimentación, ingresos mínimos, inmigración y refugio, y acceso a suministros básicos.

En materia de empleo, pide prórrogas en la prestación por desempleo y subsidio por desempleo; flexibilizar las condiciones para el acceso a la prestación por desempleo en los expedientes de regulación temporal de empleo; y ayudas de emergencia temporal en empleo doméstico. En cuanto a la vivienda, reclama la suspensión de los desahucios durante los meses de marzo y abril , con posibilidad de prórroga; y mantener las medidas extraordinarias ya aprobadas para las personas sin hogar, con especial consideración a la movilidad de estas personas.

PRORROGAR LAS RENTAS MÍNIMAS

Asimismo, plantea prorrogar automáticamente las rentas mínimas concedidas y las sujetas a renovación en marzo y abril; y resolver de forma urgente las que están en curso. Atendiendo a la alimentación, Cáritas apoya el anuncio del Gobierno de aprobar una partida extraordinaria de 25 millones de euros para que las familias beneficiarias de becas de comedor puedan hacer efectivo este derecho ante el cierre de los centros educativos; y sugiere gestionar las ayudas previstas en forma de tarjetas canjeables en todo tipo de supermercados.

En el documento también hay un apartado dedicado a 'Inmigración y protección internacional', en el que se pide una prórroga de las autorizaciones de extranjería sujetas a renovación, así como la no incoación de expedientes sancionadores en materia de extranjería y la suspensión de los procedimientos de expulsión . Igualmente, propone que los jóvenes tutelados que alcancen la mayoría de edad puedan prorrogar su situación en los centros de acogida para evitar que se queden en la calle; y que ante el cierre de los CIES, las personas que no tengan domicilio puedan entrar en el sistema de acogida de emergencia.

La labor social de la Iglesia también reclama una prórroga de las renovaciones de familiares de ciudadanos comunitarios y españoles de forma automática, y una prórroga de las tarjetas de solicitantes de asilo caducadas o pendientes de renovación, así como que la interrupción del plazo para avanzar o agotar el itinerario de acogida.

Por otro lado, Cáritas pide que no se interrumpa el suministro energético en situaciones meteorológicas extremas durante, al menos, la vigencia de la Declaración del Estado de Alarma, tal y como se recoge en la Estrategia Española de Lucha contra la Pobreza Energética. Asimismo, se contemplaría para el caso de otros suministros básicos como agua y teléfono . Asimismo, propone que las personas acogidas al bono social eléctrico vean incrementado en un 50% el límite anual de consumo energético bonificable.

Cáritas también pone de manifiesto cómo está afectando el aislamiento a las personas que viven solas y advierte del riesgo de que «en el corto y medio plazo, aumente la bolsa de la exclusión social y empeore las condiciones de vida de la población en condiciones sociales más precarias», como consecuencia de la crisis del coronavirus. «De entre los 8,5 millones de personas se encuentran en exclusión social , hay un grupo de 1,8 millones que acumulan tal cantidad de problemas y necesidades que van a ser las primeras en notar el parón de nuestra economía y de cómo se establezcan las prioridades de las políticas de protección social», avisa.

En el documento, Cáritas alerta igualmente de los riesgos que esta crisis sanitaria puede acarrear para los que el VIII Informe FOESSA identifica como «sociedad insegura», un sector social que ocupaba la parte más baja de la sociedad integrada, compuesta por 6 millones de personas y que «se mueve en el filo de la navaja» al estar en la antesala de la exclusión. «Salvo que se tomen medidas destinadas a no dejar a nadie atrás, estas personas van a sufrir de forma más profunda y más prolongada en el tiempo, el impacto de esta emergencia», insiste.