El consumo de pescado cae un 20% en los últimos diez años

Este problema se ha puesto de manifiesto en la Asamblea General Anual, celebrada en el Puerto de Santa María (Cádiz), y en la que se ha analizado la evolución del sector, los problemas que padecen y se han buscado soluciones conjuntas para los retos de futuro.

Las causas de este descenso, a juicio de este sector, es «la falta de profesionales, de nuevos emprendedores, por la falta del reconocimiento y por unas rentabilidades cada vez más ajustadas en un mercado cada vez más competitivo ». Igualmente, denuncian que «las grandes superficies abren locales sin cesar y utilizan el pescado como reclamo para la visita a tienda con precios por debajo de coste».

Otras causas también son el «aumento de la venta on-line; facilidades para la venta directa por parte de los productores, que actúan como comercializadores con financiación pública, burocracia lesiva para la innovación y muy costosa, e incremento de las noticias alarmistas sin fundamento científico, unido a consumidores desorientados ante tanta información». Todo ello «provoca una tormenta perfecta que preocupa a los minoristas».

Los representantes del sector señalan que «el retroceso del comercio especializado de alimentación va muy unido al aumento de las enfermedades relacionadas con la alimentación y al abandono de las dietas saludables. En el caso de los productos pesquero está demostrado que consumimos un 25% más cuando acudimos al especialista artesano».

Ante esta situación, exigen «medidas inmediatas y urgentes». Algunas de sus propuestas pasan porque el Gobierno fomente el consumo saludable de los productos pesqueros , reduzca su tipo impositivo de IVA al 4%, e imprima agilidad y administrativa a la gestión de las innovaciones en el punto de venta».

En su catalogo de peticiones abogan por «facilitar los mecanismos de reconocimiento de enfermedades profesionales de los diversos sectores y la equiparación total entre asalariados y autónomos en materia de prestaciones, entre ellas en materia de prestaciones por incapacidad».

También demandan el «reconocimiento de bajas médicas y situaciones de incapacidad, poner en marcha la formación profesional del siglo XXI para el comercio de alimentación y evitar la e xclusión digital, defendiendo la soberanía digital».

Otra medida a adoptar sería modificar la Ley de Comercio para «recoger actividades innovadoras y complementarias como la degustación. Volver a valorar la limitación del número máximo de festivos de apertura comercial al año para fomentar la convivencia de todos los formatos comerciales e impulsar la conciliación».

Finalmente, apuestan por «eliminar exigencias y costes superfluos como la obligatoriedad de verificar los instrumentos de pesaje como las básculas y los termómetros, que podrían incluirse en el autocontrol del equipamiento de las empresas». Actualmente, tienen que ser verificados por una empresa externa cada dos años (antes que la ITV de un coche nuevo) y siempre después de reparación, con un coste de gestión y de comprobación no acorde al potencial riesgo que se quiere evita y que nada tiene que ver con la seguridad alimentaria».