El Constitucional alemán se pronunciará en febrero sobre la «asistencia organizada» a la eutanasia

El Tribunal Federal Administrativo, sin embargo, abrió en 2017 una vía al considerar en una sentencia que «en casos excepcionales, el Estado no puede impedir el acceso de un paciente a productos anestésicos que le permitirían suicidarse de manera digna y sin dolor». Respondía así a l a demanda presentada por un hombre cuya esposa había quedado tetrapléjica tras sufrir un grave accidente y que deseaba morir, pero precisaba de ayuda para hacerlo. A esa sentencia se acogen varios afectados, que denuncian que el Ministerio de Sanidad ha negado desde entonces el acceso a los agentes letales a 102 pacientes y permanece sin dar una respuesta a otras 32 solicitudes.

El Tribunal Constitucional abrió de inmediato una ronda de vistas previstas preliminares, para analizar la demanda, y la sentencia se espera el próximo 26 de febrero. Los dos diputados que presentaron en ese momento el proyecto de ley, la socialdemócrata Kerstin Griese y el conservador Michael Brand, han defendido la prohibición ante la Corte, con sede en Karlsruhe, frente a las alegaciones de los demandantes, que piden su derogación. Los parlamentarios alegan que autorizar el suicidio asistido organizado , tal y como pretenden seis empresas y organizaciones, abriría la puerta a convertirlo en una «práctica usual» para los afectados, familiares o allegados.

La ley, aprobada en noviembre de 2015, está destinada a proteger a las personas en situaciones difíciles de la presión ejercida por las ofertas de suicidio asistido promovidas por distintas organizaciones. Tales ofertas pueden precipitar al suicidio a personas que, en otras condiciones, no se decantarían por esa vía o que debidamente tratadas podrían superar la depresión, enfermedad o situación que les aqueja, según los diputados.

La prohibición, recuerdan, afecta a organizaciones que tengan como actividad principal la asistencia al suicidio, pero no criminaliza a los médicos que ayuden a un paciente, en casos determinados. La ley prevé penas de hasta tres años de cárcel a sus infractores, pero establece que no incurre en delito el familiar o allegado que preste esa ayuda a la persona afectada. Con ello se pretendía impedir una extensión de las ofertas a Alemania de organizaciones extranjeras de ayuda al suicidio, como la suiza Dignitas o similares.

La demanda está respaldada por profesionales, organizaciones de ayuda al suicidio y expertos en cuidados paliativos. Alegan que el término «suicidio asistido organizado» no debe entenderse como una actividad empresarial , sino como una ayuda profesional a enfermos o familiares en ese difícil paso. «No puede corresponder a funcionarios, en última instancia a mí como ministro, decidir quién puede morir», ha dicho el ministro de Sanidad Jens Spahnm sobre la brecha abierta en 2017 y tras hacerse público un memorando interno de su oficina que afirmaba que «de acuerdo con las instrucciones del Sr. Ministro», las solicitudes pendientes para obtener una licencia para comprar narcóticos con el propósito de suicidio «deben ser denegadas». El arzobispo de Berlín, Heiner Koch, ha advertido contra el «cambio de valores» y ha dicho que espera del Constitucional «una señal fuerte para la protección de la vida».