El Consell de Mallorca y el Gobierno balear deberán indemnizar a la víctima de un robo cometido por dos menores tuteladas

El fallo inicial, ahora corroborado por la Sala, fue dictado por un Juzgado de Menores, siendo recurrido entonces por el Gobierno balear y el Consell de Mallorca. En este contexto, el portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés , ha pedido este lunes información sobre dicho caso a la presidenta de la institución insular, la socialista Catalina Cladera. Galmés considera que Cladera debe ser «más transparente» cuando haya «condenas» contra el Consell de Mallorca.

Los hechos que derivaron en la mencionada condena tuvieron lugar el 22 de septiembre de 2017, cuando las dos menores tuteladas citadas agredieron y robaron a una mujer en un parque de Palma. Una de las chicas se encontraba en aquel momento bajo supervisión del Consell de Mallorca y la otra bajo control del Govern. En el primer caso, esa menor vivía con una familia de acogida, tras haberlo decidido así el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que depende del Consell de Mallorca. Por lo que respecta a la otra menor, se encontraba en un centro de reforma controlado por la Consejería de Asuntos Sociales del Govern.

En la sentencia de la Audiencia Provincial que ahora ha trascendido se indica que hubo «negligencia» por parte del Consell y del Govern a la hora de atender las recomendaciones de los técnicos, que antes del suceso habían advertido de la necesidad de hacer un mejor seguimiento de las dos adolescentes citadas por su comportamiento crecientemente problemático. « Nada se hizo », reprocha el tribunal. Como se ha indicado, tras el fallo de la Sala tanto el IMAS como la Consejería de Asuntos Sociales deberán abonar a la víctima del robo un total de 531 euros en concepto de responsabilidad civil.

Cabe recordar que en Baleares, a diferencia de otras comunidades, la atención a los menores no depende directamente del Ejecutivo regional, sino esencialmente de los consells, que vendrían a ser como los «gobiernos» propios de cada isla. De ese modo, los consells gestionan los centros o pisos de acogida para menores tutelados, todos de régimen abierto, mientras que el Govern se ocupa únicamente de controlar los centros de reforma o internamiento, para jóvenes con antecedentes penales. En Mallorca existen 30 centros de acogida, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del IMAS . Hoy hay en total 327 menores en esos centros. Además, existen tres centros de internamiento en la isla, que son controlados por el Govern a través de la Consejería de Asuntos Sociales.

En cuanto al caso concreto de la mencionada condena a dos menores tuteladas por robo y lesiones, no tiene ninguna relación con los casos de abusos y de explotación sexual de menores tutelados que han trascendido en los últimos meses. En cualquier caso, el portavoz del PP en el Consell de Mallorca ha indicado este lunes que «debe reforzarse el IMAS tanto como haga falta para que se garantice la protección de menores ». Además, Galmés ha anunciado que ha pedido ya una copia de la reciente sentencia de la Audiencia Provincial y del recurso presentado en su momento por el IMAS.

Por su parte, fuentes oficiales del Consell de Mallorca han explicado a ABC que cada mes el Consejo Rector del IMAS ofrece información de « todas las acciones judiciales » que implican a la institución. En el Consejo Rector del IMAS están representados todos los partidos, tanto los del equipo de gobierno como los de la oposición. La próxima reunión de este organismo tendrá lugar en principio el 26 de octubre.

Precisamente, en dicha reunión está previsto que el tripartito que gobierna en el Consell de Mallorca, conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, proponga la creación de una comisión política para «analizar las actuaciones políticas que se han tomado en relación a los casos de explotación sexual de personas menores de edad». Por su parte, el PP, Cs, el PI y Vox volvieron a reclamar la pasada semana que se cree una comisión de investigación sobre dichos casos , al considerar insuficientes las conclusiones presentadas el pasado 30 de septiembre por la denominada comisión de expertos, que impulsó el tripartito.