El Gobierno cambia la Ley de Extranjería para evitar el «turismo sanitario»

Este conjunto de medidas se aprobarán en un decreto que pretende ahorrar 7.200 millones de euros y hacer frente a un déficit sanitario que suma ya 16.000 millones de euros.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Mato presentaron las medidas de ajuste sanitarias como una reforma «estructural» que permitirá no solo salir de esta crisis sino garantizar el futuro de la sanidad pese al envejecimiento de la población.

Mato confirmó cada una de las medidas que el miércoles aprobó con las comunidades autónomas en el consejo interterritorial de salud, aunque en esta ocasión detalló el montante de cada uno de los ajustes.

También adelantó otros ajustes que entonces no se detuvo a explicar como el pacto socio-sanitario que cambiará un sistema sanitario orientado exclusivamente a la atención de enfermos agudos para tratar a otro para enfermos crónicos y personas mayores. En este sentido, confirmó, como adelantó ABC , que los pacientes que no necesiten una cama hospitalaria serán atendidos en una residencia. Esta medida no solo liberará camas hospitalarias sino que podrá ahorrar unos 600 millones de euros porque en los centros residenciales el coste de la atención es menor. Mato cree que en dos meses se podrá cerrar el acuerdo.

El decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros incluye el nuevo copago farmacéutico con el cálculo que estima la aportación en función de la renta y por el que los pensionistas pagarán el 10% de sus medicinas hasta un tope máximo de 18 euros al mes y el resto de ciudadanos subirá del 40 al 50%, salvo las rentas más altas que llegarán al 60%. Quedan exentos, como se sabía, los parados sin ayuda de desempleo y los jubilados con pensiones no contributivas. Este sistema logrará ahorros y también educará. Mato recordó que cada años se tiran más de 3.000 toneladas de fármacos a la basura.

La ministra se extendió para explicar los cambios en la legislación que impedirán el turismo sanitario y permitirán un ahorro de mil millones de euros. Y puso ejemplos de situaciones que eran un secreto a voces, de ciudadanos europeos que se aprovechan de la sanidad española y también de extracomunitarios. «Hay residentes extranjeros que incorporan a todos sus familiares que no viven en nuestro país a su tarjeta sanitaria para utilizar los serivios sanitarios en España».

Recordó que basta con empadronarse para tener acceso a una tarjeta sanitaria. «A partir de ahora exigiremos los mismos requisitos que pedimos a los ciudadanos españoles para tener acceso a ella». Asimismo se revisarán convenios con algunos países que no están cumpliendo con el reembolso de los gastos sanitarios de los ciudadanos.

También se iguala el copago en todas las comunidades para las prestaciones ortoprotésicas (muetas, collarines, sillas de ruedas...) y suplementos nutricionales (dietoterapia). Se pondrá fin a la distribución gratuita que se hace en algunas comunidades y hospitales.

Y se exigirán sacrificios a la industria con una bajada de precios, salida de la financiación de algunos fármacos. «La industria farmacéutica tiene que hacer también un esfuerzo».