Tras la polémica del uso del castellano en las aulas, tanto en Baleares como en Cataluña, le toca el turno ahora a las comunicaciones oficiales y los actos públicos
Tras la polémica del uso del castellano en las aulas, tanto en Baleares como en Cataluña, le toca el turno ahora a las comunicaciones oficiales y los actos públicos - ABC

El Consejo Consultivo recuerda al Govern balear que no puede discriminar el castellano

El órgano superior de consulta de la Comunidad emite, pese a todo, un dictamen favorable al futuro decreto que regulará el uso de las lenguas oficiales en las instituciones autonómicas

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El Consejo Consultivo de las Islas Baleares —órgano superior de consulta de la Comunidad— ha emitido un dictamen favorable sobre el proyecto de decreto del Gobierno regional relativo al uso de las lenguas oficiales en la Administración del Archipiélago. Dicho decreto, que será aprobado por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, regula la utilización del catalán como lengua de uso normal y general en el marco de las instituciones autonómicas. Para el Consejo Consultivo, esta regulación no debe suponer, sin embargo, la imposición del uso preferente del catalán y la discriminación del castellano.

Los dictámenes del Consejo Consultivo son preceptivos, aunque no vinculantes, antes de la aprobación de determinadas normas autonómicas. Cabe recordar, en ese sentido, que el pasado mes de marzo el Consejo Consultivo emitió un informe favorable a la aprobación del decreto que en la actualidad regula el conocimiento de catalán que deben tener los médicos, enfermeros y auxiliares que deseen trabajar en la sanidad pública. Aun así, de los diez consejeros que forman parte del citado órgano de consulta, tres de ellos emitieron votos particulares, al entender que el decreto del catalán en la sanidad podría ser total o parcialmente contrario a la ley. En cualquier caso, dicho decreto fue aprobado por el Gobierno regional el pasado 23 de marzo.

Con posterioridad, en mayo de este año, el Consejo Consultivo se pronunció sobre otra iniciativa, en concreto, sobre el anteproyecto de la futura ley de consultas populares y procesos participativos. En su dictamen, el órgano superior de consulta consideraba inconstitucionales varios puntos del citado anteproyecto. Así, cuestionaba el propósito del Govern de elaborar un registro único de participación para las consultas ciudadanas, es decir, un censo propio que incluiría a toda la ciudadanía. También se rechazaba la intención del Gobierno regional de que los resultados obtenidos en dichas consultas fueran vinculantes.

Modificación de varios artículos

El nuevo dictamen hecho público ahora hace referencia, como se ha señalado ya, al proyecto de decreto del Gobierno regional relativo al uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad. El Consejo Consultivo señala en sus conclusiones que deben ser modificados varios artículos del futuro decreto, para que el texto se ajuste por completo a la legalidad vigente. Así, en el apartado referente a la publicidad institucional, se considera inadecuado el punto que señala que «si las versiones en las diferentes lenguas se publican de forma independiente, se tiene que prever que se haga una difusión más amplia de la versión original en catalán».

Por lo que respecta al artículo 11, dedicado a actos y acontecimientos, debería eliminarse el fragmento de dicho artículo que considera el castellano como una lengua de apoyo, ya que esa consideración «implica la primacía de una de las lenguas oficiales». Los cambios deberían afectar también al artículo 15 del futuro decreto, centrado en las notificaciones. En el actual borrador se establece que los ciudadanos tienen el derecho a recibir las comunicaciones en castellano «si lo piden», cuando en realidad debería ser «si han de ser atendidos en esta lengua». Por lo que respecta al artículo 20, referido a las publicaciones, ahora se indica que «se ha de prever que se haga una difusión más amplia de la versión original en catalán», lo cual supondría una discriminación de la otra lengua oficial de Baleares.

En los apartados referidos a las contrataciones, el Consejo Consultivo recalca que no es aceptable la inclusión de «ninguna cláusula que obligue a los contratistas al uso del catalán en la relación con la Administración». Además, los contratos han de poder ser redactados en castellano, no sólo en catalán. El citado órgano de consulta recuerda finalmente que cuando un convenio se firme con alguna institución de fuera de Baleares, deberá estar escrito también en castellano. Además, las comunicaciones oficiales con otras autonomías deberán ser traducidas a dicho idioma.

Un voto particular

El dictamen sobre el proyecto de decreto del Gobierno regional relativo al uso de las lenguas oficiales en la Administración de Baleares cuenta con el voto particular de un miembro del Consejo Consultivo, al que se han adherido dos consejeros más. Los tres ponentes que suscriben el citado voto particular recuerdan que el mencionado dictamen fue aprobado por unanimidad y añaden que, por tanto, están de acuerdo con la exposición que el órgano de consulta hace de la doctrina constitucional sobre el uso de las lenguas cooficiales y con las observaciones formuladas al proyecto de decreto.

Sin embargo, en el voto particular se considera que el dictamen debió contemplar dos observaciones esenciales más. Así, se cuestiona que el futuro decreto establezca «un uso preferente de la lengua catalana sobre la lengua castellana, cuyo uso equipara a una lengua extranjera». Además, también se critica que el proyecto que prevé aprobar el Govern utilice en repetidas ocasiones la expresión «territorios del ámbito lingüístico catalán», expresión que sería «inconstitucional» y «contraria a la normativa básica del Estado».

En el citado voto particular se indica asimismo que en nuestro ordenamiento constitucional y en la legislación básica estatal la cooficialidad de las lenguas españolas debe ir referida al concepto «Comunidad Autónoma» en los términos que señale el Estatuto de Autonomía. Por ese motivo, la utilización del concepto «ámbito lingüístico catalán» no tendría respaldo constitucional. En ese contexto, se concluye que en estos momentos serían inconstitucionales 12 artículos del futuro decreto.