El Congreso pide al Gobierno suprimir el crucifijo de los colegios públicos

Los socialistas pactaron ayer con los independentistas catalanes de ERC una iniciativa parlamentaria que pone en bandeja al Gobierno la retirada de los crucifijos no sólo de los centros escolares públicos, sino también de los concertados, como apuntó con claridad uno de los firmantes, el diputado Joan Tardà, tremendamente feliz por el acuerdo que había cosechado con el Partido Socialista. «Hoy me siento más del PSOE que nunca», llegó a decir lleno de gozo por esta victoria que no se esperaba.

En la Comisión de Educación se debatía una proposición no de ley de ERC, que instaba al Gobierno a retirar cualquier simbología religiosa de todos los centros escolares públicos, en virtud de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En una sentencia hecha pública hace un mes, el Tribunal asegura que los crucifijos en las aulas son «una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones».

ERC pactó con los socialistas una enmienda transaccional, donde desaparece cualquier alusión al carácter «público» de las escuelas afectadas. Dice así: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasladar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, desde el principio de neutralidad ideológica y religiosa del Estado y, especialmente, en lo relativo a los centros escolares». Éste es el texto que se votó, y se aprobó con el apoyo del PSOE, ERC y BNG, y el rechazo del PP y CiU.

Joan Tardá se encargó de eliminar la posible ambigüedad que pudiera desprender el texto. «Hoy nos damos con cantos en los dientes», porque se ha ganado «una batalla» para retirar los crucifijos de las escuelas públicas, si bien el objetivo final, no negado en la iniciativa, es regular la desaparición del símbolo cristiano de todas los centros, también de los concertados. Tardà pretende que esta proposición sea un acicate para que el Gobierno de Zapatero presente cuanto antes la nueva ley de libertad religiosa.

El portavoz socialista, Juan Tomás, elogió la «vocación laicista» de la medida. «Nos congratulamos», aseguró. «El acuerdo es un buen precedente para el camino que hemos emprendido».

Por el PP, Juan Antonio Gómez Trinidad ve inoportuno que, con todos los problemas que hay en la educación, el Congreso dedique su tiempo a debatir y votar esta proposición no de ley. «Vamos a dar una imagen de frivolidad, y a generar un problema y un conflicto educativo innecesarios», advirtió.

Gómez Trinidad cree que hay que ser «fanático o intransigente para sentirse agredido por los símbolos religiosos, y en concreto por el crucifijo, que es lo que les preocupa». Para ridiculizar la proposición respaldada por el PSOE y ERC, preguntó si el siguiente paso será prohibir cantar villancicos en la vía pública, quemar obras religiosas del Museo del Prado o eliminar la cruz de la bandera del Principado de Asturias. «¡Qué barbaridad!», exclamó un diputado socialista.

Mercé Pigem (CiU) también votó en contra porque defiende la autonomía de los centros escolares y porque la simbología religiosa en Europa está entrelazada estrechamente con el hecho cultural.