El Congreso dota de capacidad jurídica plena a 200.000 españoles mayores de edad

En la práctica supone la devolución de la plena voluntad a esas personas, entre las que se encuentran aquellos con síndrome de Down o personas con trastornos del espectro autista. Ya no habrá tutores ni tutelas ni patria potestad prorrogada para mayores de edad, figuras necesarias para firmar un testamento, recibir o vender un patrimonio o fijar un cambio en el notario y pagar una hipoteca, explican a ABC Luis Cayo e Inés de Araoz , coordinadora del área jurídica de Plena Inclusión . Lo harán sin necesidad de que un juez autorice cada paso, como ocurría en estos trámites hasta el momento y, sobre todo, dice De Araoz, «teniendo en cuenta en todo momento la voluntad y preferencias de esa persona». También podrán ejercer su derecho al matrimonio con quien libremente decidan cada uno de esos ciudadanos.

«La importancia jurídica diaria para estas personas es muchísima. Les da poderes, incluso, para firmar un contrato laboral», remarca el presidente de Cermi. Es un cambio de calado, que implica modificar varias normas, entre otras el Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Sucesiones y la Ley de Patrimonio. Representantes de Cermi, ONCE, Plena Inclusión, Autismo España, Salud Mental España, Fedace y Aspace asistieron a la sesión parlamentaria de ayer y se felicitaban a las puertas del Parlamento por la tercera conquista de una batalla que inició el Cermi hace ocho años , y que en 2014 impulsó el Ministerio de Justicia del popular Rafael Catalá . Las dos gestas anteriores, recuerda Cayo, fueron la posibilidad de poder votar, ejercida por primera vez en las últimas elecciones generales; y, en enero pasado, la derogación de la ley penal que permitía las esterilizaciones forzosas del colectivo.

No obstante, si en algún procedimiento o trámite alguien necesita o gusta de «acompañarse de ciertos apoyos individualizados», podrá hacerlo, explican las asociaciones del colectivo. Un ejemplo: si la persona con discapacidad dispone de una cuenta bancaria, puede predefinir ante un juez que pueda sacar dinero de un cajero con total autonomía hasta una cantidad límite y, si necesita hacer uso de más dinero, entonces contempla que pregunten a sus progenitores o tutores. La autonomía personal prevalece y esto es algo que Sánchez García, de Vox, no vio con buenos ojos, y de ahí la fisura al consenso. El diputado objetó: «¿Por qué no se admite la incapacitación para personas con discapacidad y sí para los menores de edad?». « Nos tratan como a niños aunque tengamos 60 años» , protestaron las entidades.

De Araoz detalla que la reforma establece tres instituciones de apoyo para casos con grandes dificultades: un guardador de hecho, el defensor judicial y la curatela representativa (o guarda legal).