El Congreso aprueba hoy de forma definitiva la ley de eutanasia tras una tramitación exprés y sin debate social

El Partido Socialista presentó su proposición de ley al Congreso de los Diputados el 24 de enero de 2020 , un mes y medio antes de la irrupción del Sars CoV-2. Catorce meses después -y con más de 100.000 fallecidos por Covid-19, según el INE- la ley estrella de la agenda ideológica de la coalición Sánchez-Iglesias recibirá este jueves el espaldarazo de la cámara baja.

Su tramitación real, sin embargo, ha durado poco menos de siete meses, ya que la mitad de ese tiempo la proposición de ley orgánica estuvo suspendida por el estado de alarma, que comenzó en marzo del año pasado.

En otros países donde la eutanasia es legal, como en el estado de Victoria o Nueva Zelanda, la tramitación parlamentaria de esta ley duró más de un año. En el estado de Victoria, por ejemplo, se abrieron dos años de consultas antes de ser aprobada en 2017, al igual que en Nueva Zelanda, donde el proceso deliberativo llevó más de dos años antes de su aprobación en el Congreso y por referéndum en 2019. En España, el trámite ha durado apenas siete meses y sin contar con ningún debate social.

Pese a tocar un derecho fundamental como es el derecho a la vida, el PSOE optó además por presentar esta ley orgánica como proposición de ley y no como proyecto de ley, ya que así podía obviar los informes preceptivos del Consejo de Estado o del Comité de Bioética. Sin embargo, este órgano consultivo del Gobierno emitió en octubre de 2020 por iniciativa propia y con un apoyo unánime de sus miembros un informe desfavorable a la ley del Gobierno de coalición. Lejos de tomar en consideración sus recomendaciones, la diputada socialista María Luis Carcedo acusó al Comité de no haberse leído el texto de la norma.

Menos de un mes después de ser presentada por el PSOE, el 12 de febrero de 2020 , el Congreso decidió admitir a trámite la despenalización y regulación de la eutanasia. Era la tercera vez que la Cámara Baja admitía una proposición de ley del PSOE sobre este tema. Los últimos intentos se habían producido en junio de 2018 (pero el bloqueo parlamentario impidió que esta ley saliera adelante) y en septiembre de 2019 (pero el acuerdo de coalición fallido de Sánchez hizo que la ley decayera de nuevo). «A la tercera, va la vencida», expresó en esta última ocasión la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y autora intelectual de esta norma.

Con la irrupción inesperada de la pandemia y el estado de alarma que obligó a los españoles a permanecer en sus casas durante 98 días, la tramitación de la ley sufrió un parón. Sin embargo, y aún con el trauma colectivo por la enorme cifra de fallecidos durante la primera ola (45.684, según el INE), el Gobierno decidió retomar en septiembre su agenda ideológica. El día diez de ese mes, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, los únicos partidos que han mantenido una oposición clara y constante en ambas cámaras a esta nueva regulación.

Tanto los populares como el partido de Santiago Abascal habían presentado sendos textos que proponían unificar los cuidados paliativos en todo el territorio español, garantizar una formación específica a los sanitarios que se dedican a esta área, y permisos laborales regulados para los familiares que cuidan a estos enfermos, entre otras cuestiones. Sin embargo, ninguno de los dos textos alternativos que proponían mejorar la regulación de los cuidados paliativos obtuvieron el apoyo necesario de la Cámara para tumbar la ley socialista, que siguió su tramitación parlamentaria a una velocidad de vértigo.

Un mes después, el 14 de octubre quedó cerrado el plazo de enmiendas. La mayoría de las enmiendas presentadas pertenecían a los propios partidos del Gobierno de coalición. Todas iban encaminadas a acortar los plazos de solicitud de la eutanasia , a facilitar el acceso a este nuevo derecho individual y a llevar al extremo la consagración de la autonomía absoluta del paciente. En esas enmiendas conjuntas de PSOE y Podemos apareció la eutanasia exprés y a domicilio. Incluso se propuso que la ley tuviera un efecto retroactivo a su entrada en vigor, pero finalmente se quitó.

La proposición llegó a la ponencia de la Comisión de Justicia con el veto de PSOE, Podemos y ERC a la comparecencia de médicos y expertos en cuidados paliativos y bioética. Con esta decisión, el Gobierno y sus socios nacionalistas conseguían hurtar el debate social sobre la eutanasia.

Entre el 24 y el 25 de noviembre, y en solo cuarenta y ocho horas , los partidos de la coalición de Gobierno y sus socios tuvieron listo el informe de la Ponencia sobre la ley de eutanasia. Para la llamada «ley Celaá» hicieron falta alrededor de cinco reuniones, pero apenas bastaron dos para la regulación del «nuevo derecho a morir».

Dos semanas después, el 10 de diciembre, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen y el 17 de diciembre obtuvo el visto bueno del Pleno del Congreso con una amplia mayoría. Necesitaba 176 votos a a favor pero consiguió 198 (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP y Ciudadanos), 138 en contra (PP, Vox, UPN) y dos abstenciones (CDC y Teruel Existe).

Contra el pronóstico de la propia Luisa Carcedo, el PSOE decidió enmendar su propio texto durante la segunda lectura en el Senado. Las enmiendas del propio partido una vez más estaban encaminadas reducir las salvaguardas, al permitir a los médicos el acceso al registro de últimas voluntades para poder ejecutar la eutanasia sin necesidad de tener que consultar con los familiares del paciente. También optaron por la agilización de la tramitación de las solicitudes a través del recorte de los plazos previstos, como proponía el Grupo Nacionalista (Junt's per Cat). Así se pasó de contabilizar los plazos en días hábiles a naturales.

Las enmiendas fueron aprobadas por el Pleno del Senado el pasado 10 de marzo. Prácticamente una semana después, la proposición de ley orgánica vuelve este jueves al Congreso para su aprobación definitiva.