El Congreso aprueba suprimir la incapacitación de personas con discapacidad

El texto, que ha contado con el a poyo de todos los grupos a excepción de Vox que se ha abstenido, ha sido impulsado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y redactado por el Gobierno. El objetivo de esta iniciativa, que ahora pasará a su fase de tramitación en el Senado, es cumplir con las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York.

La ley se centra en el término apoyo, que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas hasta la r epresentación o sustitución en la toma de decisiones , únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.

Además, la modificación elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada , figuras que no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que se propone en el anteproyecto. También aborda la institución de la curatela, entendida desde la perspectiva asistencial, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil.

Del mismo modo, se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. Por último, la ley del Notariado se acomoda terminológicamente a estos cambios.

La mayoría de grupos parlamentarios han destacado el trabajo y el consenso logrado durante los trabajos de tramitación en el Congreso que, según ha explicado el portavoz del PSOE en este debate, Miguel Ángel González Caballero, ha derivado en la retirada de dos tercios de las enmiendas presentadas.

De hecho, la sesión de este martes ha aprobado una decena de enmiendas transaccionales, de mejoras técnicas, que han sido negociadas por la mayoría de grupos.

«Creo que un trabajo como el que se ha seguido en esta ponencia nos reconcilia en tiempos tan convulsos con la política », ha señalado la portavoz del PP en materia de Justicia, María Jesús Moro, antes de señalar que en este caso se ha hecho «buena política» que es «la que busca soluciones para mejorar la vida de las personas».

Moro ha celebrado que este ambiente haya permitido «mejorar» el proyecto inicial del Gobierno para «ajustarlo» más al Convenio con la ayuda de entidades, juristas y otros profesionales expertos en esta materia. A su juicio, se ha conseguido «contribuir a la plena integración» del colectivo con discapacidad y se ha dado «un paso más al reconocer su plena capacidad jurídica» en materia de divorcio, relaciones familiares, contratación o sucesiones, entre otras.

Para la representante de Unidas Podemos, Marisa Saavedra, la aprobación de esta ley es un «cambio de paradigma imparable» para el reconocimiento de los derechos de las personas con diversidad funcional. La diputada ha destacado que, si bien se ha ido avanzando en los últimos años en materia de accesibilidad de espacios y entornos sociales, faltaba el compromiso político para trabajar en otros aspectos que también forman parte del objetivo de obtener «una sociedad realmente inclusiva».

Desde Ciudadanos también han destacado el ambiente de consenso. «Hemos llegado a grandes transaccionales para mejorar las medidas de acompañamiento», ha declarado la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, una afirmación que han apoyado también los portavoces de Junts y ERC, Genís Boadella y Carolina Telechea, respectivamente.

Boadella cree que, aunque «se puede ir a más allá» en esta materia, se ha «priorizado el consenso» para conseguir una «semilla» legislativa que permitirá a la sociedad abrirse a «un nuevo enfoque». Telechea, por su parte, ha explicado que su formación mantendrá algunas enmiendas para el debate en el Senado para, precisamente, «ir más allá».

El portavoz del PNV en esta comisión, Mikel Legarda, por su parte, ha explicado que las enmiendas que ha mantenido vivas su formación son relativas a las competencias de algunos aspectos y a una petición para que el Ministerio de Justicia elabore un informe sobre la posible unificación de las funciones de notarios y registradores, así como sobre la prolongación de los servicios notarios hasta los 70 años, como en otros funcionarios.

La única formación que se ha mostrado crítica con el texto ha sido Vox. Su portavoz en el debate, José María Sánchez, cree que la redacción de la ley a la Convención que se ha hecho es una interpretación «simplista» que lleva a «contradicciones».

La formación cree que la dignidad de la persona con discapacidad «no sufre porque vea limitada su capacidad jurídica». A su juicio, la norma aprobada en la Comisión «no regula debidamente una realidad como es la discapacidad».