La UE confirma que espera tener las primeras vacunas a fines de noviembre

La Comisión ha invertido a fondo perdido 336 millones, el coste de la comisión de compra que es lo que sirve para que los laboratorios financien el desarrollo de la vacuna, pero los gobiernos nacionales deberán pagar el precio de las dosis que reciban, cuando se hayan hecho las pruebas clínicas y haya una certeza de que la vacuna es eficaz y puede empezar a usarse. Bruselas entiende que su papel es garantizar que todos los países tengan el mejor precio posible para la adquisición de la vacuna, aunque los criterios precisos para su aplicación son competencia de los gobiernos nacionales, que tienen cada uno su política de vacunaciones, así como contratos propios con otros posibles proveedores de vacunas. En este campo, la Comisión solo hace recomendaciones.

En cuanto a los permisos imprescindibles de la Agencia Europea del Medicamento, que tienen un calendario legal más extenso , las fuentes europeas descartaron que se opte por aceptar el llamado «uso compasivo» que se refiere a la administración de un medicamento del que no se conocen todas sus consecuencias cuando se trata de una situación desesperada de un paciente sin remedio conocido. Más bien se optará por una fórmula de «autorización condicional» que incluye mecanismos de control regulares, simultáneos con el uso inicial de la vacuna.

Ello no afectará, según estas fuentes, al principio de seguridad jurídica y la responsabilidad de los laboratorios por la posible existencia de defectos ocultos en el producto que pudieran dar lugar a reclamaciones judiciales en caso de que hubiera efectos negativos para una parte de los usuarios. «No somos un país cualquiera, estamos hablando de la Unión Europea donde hay una legislación estricta sobre los derechos de los pacientes» dijo un alto funcionario de la Comisión que reconoció al mismo tiempo que una parte del precio pagado hasta ahora a los laboratorios se dedica precisamente a las pólizas de seguros por ese riesgo.

Junto a este contrato , la Comisión negocia paralelamente con otros cuatro laboratorios como, y CureVac acuerdos similares que le permitan tener a su disposición un amplio abanico de tipos y tecnologías de vacunas, para minimizar el riesgo de adquirir remedios que no sean eficaces. Según la Comisión, no existen bloqueos ni económicos ni jurídicos con estos contratos, sino simplemente retrasos técnicos debido a la complejidad de la situación. De todos modos, por ahora, el único proyecto en el que están todos los países de acuerdo es el de AstraZaneka. Los expertos de la Comisión conceden gran importancia al proyecto de Moderna, porque se basa en una tecnología diferente (m-RNA) y podría ser una alternativa radical a las vacunas tradicionales en caso de que no se lograse un nivel de eficacia suficiente.

La Comisión asegura que no trabaja con la idea de que que su inversión sirva solo para beneficiar a los europeos, sino que está de acuerdo y anima a los laboratorios a que renuncien a patentar las vacunas para que puedan extenderse cuanto antes por el mundo porque «mientras haya gente que no tenga acceso a la vacuna no habrá nadie seguro». En este sentido, fuentes europeas han confirmado que una vez que exista la vacuna hay muchas posibilidades de que la UE exiga a todos los viajeros que van a entrar en su territorio un certificado fehaciente de que han sido vacunados contra el Covid-19 .