El confinamiento provocó un descenso de denuncias y sentencias de violencia de género

Entre abril y junio, trimestre afectado por el confinamiento, las denuncias por violencia de género (34.576) bajaron un 14,62 % con respecto al mismo periodo de 2019, según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.

El descenso en la solicitud de órdenes de protección fue del 14,8%; la bajada del número de víctimas del 13,91% y el número de resoluciones dictadas disminuyó casi un 60%, a pesar de que la actividad judicial relativa a la violencia de género no se vio afectada por la suspensión de los plazos procesales.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha enfatizado que estos datos «confirman la dramática situación vivida» por las víctimas, que se vieron obligadas a vivir el estado de alarma encerradas en casa por su maltratador, «un hecho que para ellas supuso un escollo añadido para pedir ayuda y denunciar los hechos».

En el segundo trimestre del año, el CGPJ registró 33.338 víctimas , un número un 13,91 % inferior al del mismo trimestre de 2019. De ellas, el 67 % eran españolas y el 33 % extranjeras.

Casi una de cada diez, el 9,48%, se acogió a la dispensa legal de declarar, una cifra bastante parecida a la de hace un año.

El 73 % del total de denuncias las presentaron las propias víctimas, mientras que los familiares solo presentaron el 2 %, lo que supuso un descenso del 37,4 %.

Por primera vez, el Poder Judicial ofrece en su estadística el dato del número de víctimas menores tuteladas, hijos e hijas de mujeres víctimas. En el segundo trimestre, el número fue de 312 niños (el 75 % españoles y el 25 % extranjeros).

La presidenta del Observatorio ha subrayado que este dato pone de manifiesto cómo la maternidad es uno de los factores que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de la violencia machista.

Aunque el confinamiento por la crisis del coronavirus ha tenido un importante impacto en el número de sentencias dictadas (un 59,67% menos, hasta las 5.344), las condenas a los maltratadores marcaron un nuevo máximo histórico.

El 77,25% del total de sentencias fueron condenatorias, frente a un 22,75% de absoluciones.

Son los juzgados de violencia sobre la mujer los que emiten un mayor número de condenas (el 91% del total de sentencias dictadas por estos órganos, 5 puntos más que en el mismo periodo de 2019).

El porcentaje de condenas en las audiencias provinciales fue del 82,8% (4,3 puntos menos), mientras que en los juzgados de lo penal representaron el 58,4% (estable con respecto a 2019).

Además, en el segundo trimestre se enjuició a 34 menores por violencia de género, menos de la mitad del mismo periodo de 2019. En todos los casos se impusieron medidas.

Al margen de las denuncias y del número de procedimientos, también se han presentado menos solicitudes de protección: se solicitaron 10.124, casi un 15% menos. Una de cada cuatro mujeres víctimas pidió una orden de protección entre abril y junio.

Los juzgados especializados concedieron el 70,8% de las solicitadas y el 79% los juzgados de guardia.

En la mitad de los casos, la víctima mantenía una relación sentimental con el agresor en el momento de solicitar la orden.

Las medidas judiciales de protección fueron de 18.161: 14.257 penales (un 20,5 % menos) y 3.094 del ámbito civil (un 9,8 % menos).

De las medidas penales de protección, en el 71% de los casos se acordó la orden de alejamiento, en un 67,8% la prohibición de comunicación y en el 10 % la salida del agresor del domicilio.

Por su parte, en lo relativo a las medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal, un 21,6 % era en relación con la prestación de alimentos, un 17,75 % con la atribución de la vivienda, un 5,1% con la suspensión de la guarda y custodia de los hijos, y un 3,58% tuvo como finalidad la suspensión del régimen de visitas.

Una vez más, los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de mujeres víctimas por cada 10.000 habitantes superó la media nacional (13,8) en los casos de Baleares (23), Canarias (19,6), Murcia (18,3), Comunidad Valenciana (17,6), Andalucía (15) y Madrid (14,1).

Las proporciones más bajas se dieron en Castilla y León (8,1), Extremadura (9,4), Galicia (10,6) y Aragón (10,8).