Competencia advierte de los «efectos negativos» de prohibir los coches diésel en Baleares en 2025

La nueva ley autonómica será aprobada, en principio, en el pleno ordinario de este martes . Sin embargo, el presidente del PP balear, Biel Company, pidió este lunes que se retire del orden del día el debate y la votación de esta norma, tras tener conocimiento del escrito remitido por la CNMC a Picornell días atrás. Company señaló, además, que la Ley de Cambio Climático «no es una ley pionera», sino « una ley suicida para la economía y la ocupación en el sector de la automoción». Cabe recordar que el proyecto de ley de esta iniciativa fue aprobado en agosto del pasado año por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol. El proyecto fue elaborado por la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad, que dirige el socialista Marc Pons.

Por su parte, la diputada autonómica de Cs Olga Ballester indicó este lunes que quedan 13 enmiendas vivas de su partido a la Ley de Cambio Climático. «Desde la formación naranja pretendemos que se dé cumplimiento a los Acuerdos de París previstos para 2050», explicó. «Pedimos que la transición sea justa y aporte una hoja de ruta para la reconversión laboral e industrial, sin pérdida de puestos de trabajo o cierre de empresas, así como una transición que no ponga en riesgo la seguridad en el suministro eléctrico», añadió Ballester.

Como se ha señalado ya, la Ley de Cambio Climático prevé, entre otras medidas, prohibir la circulación de vehículos diésel en Baleares dentro de seis años. Con posterioridad, a partir de 2035, dicha prohibición afectará también a la circulación de vehículos contaminante s con gasolina, incluidos camiones y furgonetas. En cualquier caso, no estarán sujetos a esas limitaciones los autos del parque móvil de Baleares matriculados con anterioridad, que podrán seguir activos hasta el final de su vida útil.

En ese contexto, el mencionado escrito de la CNMC no pone en duda «la legítima persecución de una finalidad medioambiental», sino que alerta de que «con una medida de este tip o se producen una serie de efectos negativos que no cabe soslayar». Así, la prohibición de determinados modelos de vehículos tendrá «un efecto negativo sobre la competencia en múltiples actividades, como la venta de vehículos, la distribución de carburantes en estaciones de servicio, las actividades de reparación de vehículos, las actividades de alquiler de vehículos, el transporte de pasajeros o el transporte de mercancías». Todo ello iría, además, «en detrimento de consumidores y usuarios». Igualmente, según el escrito enviado por Marín, «es previsible que la afectación a la competencia no se limite sólo al territorio de las Islas Baleares».

Para el presidente de la CNMC, la prevista limitación de los vehículos diésel «parece no ajustarse a los principios de buena regulación por diversos motivos », esencialmente porque no concurrirían en este caso «criterios de prudencia y razonabilidad en la norma proyectada» y porque dicha limitación presentaría «aspectos sustancialmente discriminatorios». Además, en la nueva ley «no se ofrece un análisis de alternativas que pudiera justificar la decisión tomada». Por todo ello, Marín le transmite al presidente del Parlamento balear «la disponibilidad de la CNMC para ayudar a que la norma sea plenamente coherente con los objetivos perseguidos, minimizando el perjuicio negativo sobre la actividad económica».

Cabe recordar que la legalidad de la prevista prohibición de los coches diésel en 2025 y de los vehículos con gasolina en 2035 fue cuestionada recientemente por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). De hecho, dicha patronal denunció el pasado mes de enero ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado el mencionado proyecto de ley. Para Anfac, las principales medidas previstas por el Ejecutivo de Armengol en la Ley de Cambio Climático serían «arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas». Además, dichas medidas «están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico» y suponen «un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea», así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.