El Comité de Bioética avala la segunda dosis con AstraZeneca para quien rechace la vacuna de Pfizer

Este órgano asesor, que preside Federico Montalvo, tenía sobre la mesa un dilema: si ningún español puede elegir su vacuna, cómo se podría permitir hacerlo a los dos millones de trabajadores esenciales (profesores, militares , policías...) menores de 60 años, tal y como acordó el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. En su informe dejan claro que en el actual contexto de la pandemia, sin dosis suficientes para alcanzar una cobertura universal, «la vacuna no se puede administrar a demanda o elección » de los ciudadanos. Pero también entienden que si alguien la rechaza y la alternativa es quedarse sin vacunar se pondría en riesgo la salud colectiva. En bien de esa colectividad y previo rechazo por escrito, se admitiría quebrar el principio de igualdad de todos los españoles, interpretan y con esa vuelta tuerca resuelven el dilema. «Esta propuesta no supone una adaptación de la estrategia nacional de vacunación a los deseos de los individuos», aclaran.

El ciudadano que rechace por escrito el fármaco de Pfizer como segunda dosis no asumirá responsabilidades individuales si tuviera una complicación de salud derivada de la vacuna elegida. «El paciente deja constancia por escrito que rechaza el fármaco. También que ha sido informado y conoce los posibles riesgos. No se deja la responsabilidad al paciente, como ocurre con otros procedimientos médicos, por ejemplo, antes de entrar en una cirugía», detalla a ABC, Montalvo.

Si el Ministerio de Sanidad acepta las recomendaciones del Comité de Bioética, quien solicite su segunda dosis de AstraZeneca será informado verbalmente de los riesgos y tendrá que firmar su rechazo expreso en un documento que será confidencial. También se informará verbalmente de las posibles complicaciones de optar por una vacuna diferente en la segunda dosis, en este caso de Pfizer. Aunque en este último caso, no se deberá firmar ningún documento. La vacunación de este colectivo que se había quedado en el limbo se reanudará previsiblemente la semana próxima , tal y como han ido anunciando algunas comunidades como Madrid, Murcia o Andalucía.

El informe del Comité de Bioética se elevará ahora a la comisión de Salud Pública , donde participa el Ministerio de Sanidad y las autonomías. Se ha votado por unanimidad de los doce miembros, aunque ha tenido un voto particular, el del jurista José Miguel Serrano. Este experto coincide con el informe aprobado en que es éticamente admisible la administración de la vacuna de AstraZeneca como segunda dosis a las personas que voluntariamente lo solicitan. Pero ha querido dejar constancia de su malestar por que el Ministerio de Sanidad haya solicitado la opinión de este comité cuando su decisión ya se ha dado a conocer a la opinión pública. También manifiesta su desacuerdo con la amplia exposición sobre la no obligatoriedad de la vacunación que se refleja en el informe.

El documento se ha redactado de forma urgente a petición del Ministerio de Sanidad . Lo ha hecho en un intento de salvaguardar la decisión que más quebraderos de cabeza le ha dado desde que comenzó la campaña de vacunación del Covid. Sin embargo, el Gobierno no consideró oportuno preguntar a esta institución sobre la Ley de Eutanasia , quizá porque podía prever su respuesta: no se podía considerar un derecho ni una prestación sanitaria, tal y como recoge la norma aprobada este año.

Este organismo es de carácter consultivo. Lo forman científicos expertos en bioética, médicos y reconocidos juristas. El Gobierno no tiene la obligación de adoptar sus informes, pero sus opiniones importan y tienen peso.

Decidir qué vacuna podían ponerse los menores de 60 años que ya habían recibido una primera dosis de AstraZeneca, tenía que haber sido una cuestión meramente técnica y científica. Pero la discusión superó el debate puramente sanitario. Durante casi dos meses, técnicos, comunidades autónomas y el propio Ministerio de Sanidad han estado enredados en busca de la solución más cercana al riesgo 'cero'.

El dilema era dirimir si era más seguro completar el tratamiento con un fármaco que en casos muy raros puede desencadenar un trombo, o probar con otra vacuna diferente. La Agencia Europea del Medicamento ya se pronunció al respecto, como hicieron también numerosas sociedades científicas. Y en su opinión, los beneficios de poner una segunda dosis a personas que no habían sufrido reacciones graves con la primera, superaban claramente los posibles riesgos.

Pero el Ministerio de Sanidad decidió introducir otra variable al poner en marcha una investigación española con 600 personas para saber más sobre los riesgos de combinar la vacuna Pfizer con AstraZeneca. La investigación fue positiva y Sanidad optó por recomendar Pfizer con la oposición de nueve comunidades autónomas. Para contentar a todos se permitió proporcionar AstraZeneca, previa firma de un consentimiento informado del paciente. Esta alternativa había sido cuestionada por dejar en manos de los ciudadanos esa responsabilidad y también por la inquietud que podría despertar.