El coladero de los allegados: regiones, policías y juristas ven «casi imposible» controlar la movilidad en Navidad
Fernando Simón reconoce que el concepto puede estar sujeto a «trampas» aunque descarta el descontrol si las personas actúan con responsabilidad
Allegado . Es la palabra de la Navidad desde que, hace 48 horas, España conociera cómo van a ser sus fiestas. El Ministerio de Sanidad introdujo esta «coletilla» al redactar las excepciones a la movilidad y a las comidas «multitudinarias», abriendo la caja ... de los truenos. Porque los encuentros se limitarán 10 «familiares y personas allegadas» en Nochebuena y Nochevieja, recoge el acuerdo «Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de Covid-19». Y lo mismo para los viajes: solo se podrá entrar y salir de la comunidad de residencia si se va a visitar a la familia o allegados entre los días 23 de diciembre y 6 de enero. Sindicatos policiales, juristas y políticos ya apuntan a que esta salvedad va a convertir España en un «coladero de allegados» de difícil comprobación.
«Va a ser casi imposible controlar la movilidad» y va a complicar la imposición de multas, reconoce a ABC Alberto Negri, portavoz del sindicato policial CEP. El problema radica en la práctica incapacidad de dar con un documento que acredite una vinculación cuando no existe de forma legal o familiar, aunque Negri cree que aún hay tiempo para que el Gobierno plantee alguna solución. Un razonamiento similar al de Adolfo Medina, portavoz del SPP, que apunta a la gran dificultad de llevar a cabo este tipo de controles y a que, si no se aporta una instrucción clara desde Interior, al final todo recaerá en la responsabilidad de cada ciudadano.
Porque, ¿cómo se justifica la relación afectiva? ¿Cómo acreditas que viajas con un allegado para pasar la Navidad juntos? «Vamos a tener que tirar de archivos fotográficos, Instagram , y relaciones de familia para demostrar que es nuestro pariente», señala Carlota Zapata, letrada de Legálitas a este diario, que vislumbra un «limbo sancionador» al albur de la interpretación de cada situación que haga cada agente. «Antes tampoco teníamos una instrucción completa, quedaba a criterio del policía», dice el portavoz del CEP, pero la situación se prestaba, al menos, a tener un justificante.
A la espera de que el Ministerio del Interior transmita instrucciones a los agentes, desde Sanidad son conscientes de que es un término que «puede estar sujeto a trampas» , reconoció ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aunque se remitió a la responsabilidad individual para que no se convierta en un coladero.
El brete semántico
El brete lingüístico ha colocado al propio ministro del ramo, Salvador Illa, en un problema, porque lejos de concretar qué se considerará un allegado, ha dado varias explicaciones diferentes y ninguna aclara las dudas. Si el miércoles, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, respondía que «es una persona con una relación de afectividad especial», ayer apuntaba a «una persona que lejos de tener una relación familiar clásica, tiene una vinculación íntima muy determinada» .
Entonces... ¿lo es un vecino , un amante, un estudiante que viene de intercambio, el niño de acogida? Según Simón, sí podría ser hasta un vecino con el que se pase habitualmente estas fiestas. Porque el objetivo de Sanidad era «recoger todas las situaciones sociales ».
« La interpretación va a ser dudosa . Lo que están queriendo decirnos es que pasemos la Navidad en casa, no viajemos por ocio ni vayamos a segundas residencias a juntarnos todos allí. Al final, lo que quiere Sanidad es que cada uno aplique la responsabilidad individual», añade Zapata. Al tiempo que, en un control policial, están pidiendo a los Cuerpos de Seguridad «que apliquen la lógica», considera.
Los mandatarios autonómicos que suscribieron el miércoles a regañadientes el acuerdo «por el que se prevén medidas de salud pública frente al Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas» lo ven ciertamente vago a las pocas horas. Asturias y Andalucía, de diferente color político, remarcaron que ampliarán el «documento de mínimos» logrado el miércoles y añadirán nuevas restricciones. En concreto, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, anunció que planean limitar la movilidad interprovincial. El presidente andaluz, Juanma Moreno , adujo que en breve introducirán «matices» a la figura del allegado para Navidad, porque abre un coladero difícil de justificar ante la Policía. Esta y otras comunidades ya planifican cómo pulir los «aspectos que no quedan del todo claros» en el plan estatal.
Solo Madrid y Cataluña se descolgaron del mismo. La región gobernada por Isabel Díaz Ayuso votó en contra por varias razones, entre otras «la imposibilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de controlar» los desplazamientos personales , así como de los ciudadanos de justificar sus viajes, adujeron fuentes del Ejecutivo regional consultadas por ABC.
Por su parte, el Govern catalán va un paso más allá en sus críticas y denuncia la «invasión competencial» con este programa ministerial. Pere Aragonés, vicepresidente del Govern, se desmarca de las instrucciones del Estado y afirma que en Cataluña quién decide es el Procicat, un organismo de la Generalitat, y no «un Consejo Interterritorial» del Sistema Nacional de Salud. No obstante, el texto «es vinculante», como aclaran los letrados a este diario, aunque deja margen a las autonomías.
Obligatorio
En el acuerdo alumbrado por el departamento de Salvador Illa sí se recogieron otras peticiones de las autonomías, como retrasar el toque de queda en las dos noches más señaladas hasta las 1.30 horas, algo que finalmente obtuvo el plácet de todos los consejeros. Castilla-La Mancha reseñó ayer que en estas reuniones, poco a poco, va camino de arrancar el quórum total, mientras Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, resaltó ayer que «observa un avance» en este tipo de encuentros autonómicos con Sanidad.
A este respecto, pocos dirigentes se manifestaron sorprendidos por el hecho de que el Gobierno transforme en una semana un plan que iba a ser de consejos y recomendaciones en un plan «de obligado cumplimiento», como se encargó de recalcar Illa en Moncloa. El Eejcutivo hace valer elReal Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se ordenó la vigencia del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo porque todas las órdenes se circunscriben a él, donde se establece que el Interterritorial es un órgano de coordinación y puede adoptar medidas en ese marco, constrastan los juristas consultados.