Los impagos llevan a las clínicas abortistas aragonesas a suspender la atención pública

El Gobierno aragonés les adeuda a las dos clínicas diez meses, con una cuantía total de 800.000 euros

YOLANDA AZNAR
ZARAGOZA Actualizado:

Desde hoy, todas las aragonesas que decidan abortar en las dos clínicas privadas de la Comunidad, después de los tres días de reflexión que marca la ley, lo tendrán que hacer pagando y no con la subvención que hasta el momento recibían. Y es que las dos clínicas que prestaban atención pública han decidido suspenderla por los impagos del Gobierno aragonés. Concretamente, la deuda asciende a 800.000 euros. Según aseguran desde el Ejecutivo de Rudi, la mitad de la deuda ya la debía el Gobierno socialista de Marcelino Iglesias.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en Aragón explica que el Departamento de Sanidad no les ha pagado los últimos diez meses y además no contempla partida presupuestaria alguna para sufragar la prestación sanitaria de Aborto Provocado en el ejercicio 2012.

Una situación que el Gobierno aragonés ya conocía. El 15 de marzo, las dos clínicas, ubicadas en los barrios zaragozanos del Actur y la Almozara, informaron a la Administración autonómica, mediante documento formalizado en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, de la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con el Ejecutivo.

«Para no perjudicar a las mujeres»

Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada, y “sobre todo para no perjudicar a las mujeres que confían en sus profesionales”, aseguran desde la Asociación. Sin embargo, a día de hoy resulta “insostenible” para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que “se verían abocados a un cierre inevitable”.

Según la vocal de la Asociación, Mayte Andreu, tras la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y con el objetivo de atender la demanda de Aborto, los centros acreditados han pasado a ser “de hecho” centros “públicos” a través de acuerdos o conciertos con las diversas administraciones. “Hasta la fecha venían derivadas de los centros de planificación familiar y aquí las atendíamos, pero ahora no tenemos dinero para poder realizar estos abortos”.

Unos servicios que suponen a estos centros el 95 por ciento de las atenciones, ya que la mayoría de mujeres lo realizan de forma pública y no privada. A partir de ahora, quien quiera abortar en estos centros tendrá que pagar. Desde el Gobierno aragonés, aseguran que el servicio público de aborto pasará a prestarse en los hospitales de la Comunidad. En un principio se realizarían en el Miguel Servet y Clínico-Lozano Blesa, ambos en Zaragoza capital.