Los cirujanos plásticos españoles aconsejan ahora la retirada preventiva de las PIP

La Secpre recuerda que, a día de hoy, «no existen nuevas pruebas que relacionen los implantes mamarios PIP con el desarrollo de un posible cáncer ni otro tipo de patología grave». Pese a todo, en un comunicado, aseguran que «sería recomendable la retirada o sustitución de los implantes con carácter preventivo y sin urgencia» . La urgencia sí se indicaría en casos de ruptura.

Con este cambio, la Secpre se suma a la línea emprendida por otros países. Al comienzo de la crisis, Alemania, Francia, Holanda, Brasil y Venezuela solicitaron la retirada prevent iva de los implantes mamarios con cargo al erario público . En España esto solo será posible si las mujeres afectadas fueron operadas en un hospital público como parte de una reconstrucción de la mama tras un cáncer. Sanidad no sufragará los costes de las mujeres que aumentaron su pecho en una clínica privada porque las intervenciones estéticas no están incluidas en la cartera de servicios. Sí habrá una unidad de atención en todas las comunidades autónomas para que puedan ser valoradas pacientes que se operaron en otros países o no hayan podido localizar a los cirujanos plásticos que les colocaron los implantes.

Los cirujanos plásticos españoles también anuncian una demanda colectiva contra los responsables de este fraude sanitario. La Secpre creará una plataforma de cirujanos plásticos afectados , que servirá para articular las medidas legales que se estimen pertinentes. Asimismo, se constituye una Comisión de Evaluación de Responsabilidad para gestionar conjuntamente con las aseguradoras posturas relativas a este problema. «Es intención clara y rotunda de esta Sociedad científica, iniciar cuantas acciones legales sean pertinentes para salvaguardar la honorabilidad y el prestigio de sus miembros», indican en un comunicado. Dicen sentirse víctimas y recuerdan que utilizaron unos implantes que cumplían con las normas de seguridad y legalidad vigentes.

Los médicos también instan a la Administración a considerar esta situación como un problema de salud pública y «haga el esfuerzo de poner todos los medios para minimizar la repercusión sobre las víctimas de este fraude».