El CGPJ estudiará en el pleno del próximo miércoles el informe. ABC

El CGPJ propone reformas contra la violencia doméstica y critica el trato judicial a las víctimas

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá el próximo miércoles un amplio informe elaborado por su Comisión de Estudios en el que aboga por profundas reformas legislativas para mejorar la lucha contra la violencia doméstica y poder «transformar radicalmente» el actual panorama. La propuesta hace hincapié en la ineficacia de las vigentes medidas cautelares contra los agresores y reprocha a los jueces su trato a las víctimas.

MADRID. Manuel Marín
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En septiembre, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial encomendó a la Comisión de Estudios de este órgano la redacción de un informe para analizar tanto los problemas jurídicos derivados de la violencia doméstica como posibles soluciones que permitan lograr mayor eficacia en la lucha contra los malos tratos en el ámbito familiar. El informe, al que ha tenido acceso ABC, será sometido al criterio del Pleno el próximo miércoles. En primer lugar, el CGPJ alude al «imparable proceso de mentalización general» en defensa de los derechos fundamentales y estima «imprescindible» atacar de raíz «algunos males heredados durante generaciones como la escasa consideración social de la mujer frente al varón». Se trata de «superar el trasnochado modelo de los diferentes roles asignados durante décadas al marido y a la mujer».

MÁS DE 3.000 SENTENCIAS EN UN AÑO

El órgano de gobierno de los jueces se remite a los cálculos de la Fiscalía General para recordar que en 1999 se dictaron más de 3.000 sentencias en procedimientos penales derivadas de denuncias por malos tratos. «Cifra -sostiene- que ha de analizarse con cautela porque los expertos apuntan que sólo entre el 5 y el 10 por ciento de las agresiones producidas en el ámbito familiar son denunciadas». Y en su análisis, el Consejo cita otro dato preocupante: aproximadamente 1.865.000 españolas sufren al año agresiones de sus esposos y de ellas, el 70 por ciento padece durante más de cinco años. Ante ello, el CGPJ observa importantes carencias y deficiencias tanto en la normativa vigente como en la organización y funcionamiento de los Juzgados, «lo que impide o dificulta una lucha eficaz contra este fenómeno».

Los datos de un inicial muestreo llevado a cabo por el Servicio de Inspección -está en marcha un estudio exhaustivo- ponen de manifiesto «la existencia de frecuentes dilaciones en la tramitación de procedimientos de este tipo»; la «falta de inmediación suficiente por parte del juez y del fiscal en las primeras actuaciones realizadas en dependencias judiciales en estos casos»; y la inexistencia de un registro público que permita conocer con «la necesaria inmediatez» antecedentes de agresiones similares cometidas por el mismo sujeto.

Especialmente crítico se muestra el CGPJ con el comportamiento de los jueces: «Falta -señala el informe- un trato adecuado a la víctima que tenga en la debida consideración la particular situación en la que ésta se encuentra tras la agresión sufrida y que evite que al sufrimiento previo se una el derivado de la “victimización institucional”».

«DILACIONES INNECESARIAS»

«La evidencia de estas conclusiones -añade haciendo hincapié en el carácter aún provisional de la muestra- justifica sobradamente la necesidad de abordar con todo rigor y con la máxima urgencia un cambio legislativo que permita modificar radicalmente las pautas de actuación de nuestros jueces y Tribunales en este campo». Y todo, con el fin de «dispensar una respuesta rápida y eficaz en los supuestos de malos tratos» evitando las «dilaciones innecesarias que hoy tienen lugar».

Para solucionarlo, el CGPJ aboga por endurecer en algunos aspectos la legislación y emprender reformas para «transformar el panorama de tutela cautelar de la víctima» y evitar su «sensación de desamparo» y, paralelamente, la «sensación de impunidad» de los agresores. El Consejo considera necesario tapar un resquicio legal aprovechado por los autores de malos tratos, en virtud del cual «es clara la imposibilidad legal de adoptar determinadas medidas cautelares, como la prisión preventiva, cuando la violencia ejercida es constitutiva de falta y no de delito». Además, cree «absolutamente necesario» convencer a las víctimas y testigos de que un único testimonio puede servir como prueba suficiente. Igualmente, aboga por ejercer más control sobre la responsabilidad civil de los violentos para que eventuales sanciones económicas al agresor no terminen por agravar la situación de la víctima; propone la generalización de Juzgados de Violencia Doméstica; la formación especializada de jueces y más coordinación entre las jurisdicciones civil y penal.