El Cermi pide al Defensor del Pueblo que recurra la ley de eutanasia ante el Constitucional

Según avala este organismo, la nueva prestación de ayuda a morir «incurre presuntamente en discriminación por razón de discapacidad», al permitir la eutanasia a las personas que «sufren» un «padecimiento imposibilitante» ; una situación que, según recuerdan, «hace referencia a una persona afectada por limitaciones sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria».

Para el Cermi, la regulación legal del derecho a morir «no puede asociarse a personas o grupos sociales concretos , como el de las personas con discapacidad, ni directa ni indirectamente». Además subraya que existen determinadas cuestiones de «concepción y de regulación (artículo 3, b) incompatibles con un enfoque exigente de derechos humanos y discapacidad».

Según este organismo, «se produce un señalamiento innecesario, que hace pensar que la eutanasia es una práctica o prestación particularmente conectada con determinadas personas con discapacidad, cuando debería ser estrictamente neutra sin consideraciones de este tipo, que suponen discriminación indirecta prohibida».

Por ello, el Cermi ha presentado una solicitud oficial al Defensor del Pueblo ya que esta institución, además de ser la competente para defender de oficio derechos constitucionales de la ciudadanía, es «una de las pocas legitimadas para interponer recurso de inconstitucionalidad contra una ley de las Cortes Generales».

El movimiento Cermi recuerda que no tiene posición oficial sobre la eutanasia , «pero sí está interesado, como discapacidad organizada, en que ninguna legislación o regulación contenga aspectos discriminatorios por razón o motivos de discapacidad».

Este organismo sostiene que la nueva legislación de la eutanasia, que entrará en vigor el 24 de junio , es contraria a la «Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España y vigente en nuestro país, como Derecho superior incluso al nacional».

Tanto Vox como PP también están estudiando un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Un grupo importante de médicos y especialistas en Bioética han puesto también en marcha una campaña para pedir al TC la paralización del nuevo derecho a morir . Desde el pasado 6 de abril, ya han conseguido casi 48.000 apoyos. A través de un escrito explican los graves problemas legales, bioéticos, médicos y procedimentales de una ley aprobada en plena pandemia, sin diálogo y sin tener en cuenta a los expertos.

La misiva ha sido firmada por Salvador González Barón , catedrático emérito de Fisiología Humana de la Universidad de Málaga; Manuel González Barón , director honorario de la cátedra de Oncología y Medicina Paliativa y jefe jubilado del servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz; Manuel García del Río , profesor titular de Pediatría de la Universidad de Málaga; y Álvaro Gándara del Castillo , jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

En su escrito recuerdan que esta ley es «profundamente injusta» y «nos afecta gravemente a todos , pues crea «una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles». «No aborda la grave situación de pacientes vulnerables . Las deja sin alternativas, puesto que los cuidados sociales o las ayudas a la dependencia no llegan a todos ni en tiempo ni en forma», denuncian.

Los médicos destacan también que la nueva regulación es «incompatible» con lo que recoge la Constitución Española (artículo 15) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además «no respeta el principio de proporcionalidad» , ya que «se debería haber legislado previamente sobre la Ley de Cuidados Paliativos». Más aún, «lo recoge como una prestación pública, tomando como ejecutor al médico. Si un facultativo se niega, se pone en la tesitura de denegar un derecho fundamental. Lo que coloca al médico en una situación de franca ilegalidad», denuncian.