Celaá recibe a los editores de libros de texto tras denunciar las presiones de las autonomías

La reunión se celebrará este 11 de septiembre, a las 18.00 horas, y participarán representantes de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE) y de la Federación de Gremios de Editores de España y de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (FGEE), cuyo director general, Antonio María Ávila, aseguró el pasado jueves que todas las comunidades autónomas presionan personalmente a los editores de libros de texto mediante «mecanismos bastardos» para modificar o incluir contenidos.

En palabras de Ávila, «los políticos presionan y además utilizan mecanismos bastardos para que los libros digan lo que ellos quieren que se diga y no lo que la ciencia dice». Además, acusó a consejeros de Educación y directores generales autonómicos de hacerlo con «un nulo respeto a la libertad de cátedra» para adaptar los contenidos de los libros de texto a sus intereses particulares.

El director general de la Federación de Editores llegó a mencionar caso concretos sin desvelar muchos detalles. Por ejemplo, acusó que «políticos» de Cataluña «quieren que hablemos de Wilfredo el Piloso --que fue Conde de Barcelona en el siglo IX-- y no de los Reyes Católicos» o aludir a la «corona catalanoaragonesa» en sus libros.

Ávila también aseguró que desde el Gobierno canario, sin concretar cuándo o quién, se solicitó que en los libros «desaparezcan los ríos» porque en las islas «hay ríos poco importantes» y en los libros se señala que tienen importancia como lugares de asentamiento humano o como vías de comunicación.

Del mismo modo, señaló a la Generalitat Valenciana por «censurar a un director de la Real Academia» como el fallecido filólogo Fernando Lázaro Carreter porque, según el relato de Ávila, afirmaba que el valenciano era un dialecto del catalán.

En una entrevista a Onda Cero recogida a Europa Press, Celaá ha dicho este martes que quiere saber si la omisión de los Reyes Católicos en los libros de Cataluña o el estudio de los ríos españoles en los textos de Canarias son una «mala práxis» por parte de las editoriales o tiene que ver con el supuesto adoctrinamiento por parte de gobiernos autonómicos que los editores denunciaron la semana pasada.

«Vamos a ver si son malas praxis, si se relacionan con lo que ellos afirmaron que eran presiones, vamos a verlo todo», ha explicado Celaá, que ha recordado la libertad de empresa de las editoriales para sus publicaciones y se ha preguntado «por qué (los editores) van a aceptar presiones si el poder administrativo de las comunidades autónomas no tiene que autorizar esos libros de texto».

La titular de Educación dijo «estar sorprendida» por la existencia de material en el que se omite a los Reyes Católicos o no se estudian los ríos españoles, algo que relacionó con la configuración de materias de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que «ha animado la proliferación de libros de texto en las comunidades autónomas».

El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras, Celaá dijo que la multiplicación de libros de texto es «consecuencia de una derivada indeseable» de la LOMCE, una ley que establecía «asignaturas troncales, de libre configuración y específica» y promovió la proliferación «de una manera desmesurada de libros de texto». Según la asociación ANELE este curso habrá más de 30.000 libros de texto diferentes en toda España.

Una de las comunidades aludidas, la Generalitat catalana ha señalado que la Ley Orgánica de Educación (LOE) determinaba que la edición y adopción de libros de texto no requiere de autorización de la administración educativa y que éstos deben adaptarse a los currículums, siendo la inspección quien hace la supervisión como parte del proceso ordinario.

Así, fuentes de la Conselleria de Educación han señalado que la elección de los libros corresponde a los equipos docentes, y que la Generalitat confía en su «profesionalidad» a la hora de escoger los materiales más adecuados, añadiendo a su vez que no son los únicos que se usan en el aula.

Tanto Ciudadanos como PP han presentado iniciativas en el Congreso en relación a este tema. Desde Ciudadanos se ha pedido la comparecencia de la ministra para que de cuenta del informe de ANELE, mientras que los 'populares' reclaman en una proposición no de ley que la alta inspección compruebe que los libros de texto se adecúan a las enseñanzas comunes en sus propios términos.

Por su parte, tras las afirmaciones de ANELE, la semana pasada el sindicato CSIF volvió a reclamar que la Alta Inspección, organismo dependiente del Ministerio de Educación, actúe para garantizar el rigor académico en el contenido de los libros de texto para evitar arbitrariedades por parte de las comunidades autónomas. «Se trata de un ejemplo más de la falta de consenso y de un Pacto Educativo que impida desigualdades entre comunidades autónomas, como sucede en otros ámbitos como las pruebas de selectividad», asegura el sindicato.

Mientras, la organización de padres católicos CONCAPA ha pedido «la devolución de las competencias educativas de las comunidades autonómicas al Gobierno central» para evitar, en su opinión, las «duplicidades, malas praxis, presiones, censuras y gastos innecesarios en el ámbito educativo».