Celaá miente y dice que «el modelo lingüístico de Cataluña nunca ha sido llevado al Constitucional»

Sin embargo, las declaraciones de la ministra no son ciertas respecto a las actuaciones de la justicia con respecto al modelo lingüístico catalán.

La primera vez que el Tribunal Constitucional (TC) se manifestó explícitamente sobre el modelo de inmersión lingüística obligatoria de Cataluña fue en la sentencia 337/1994, dando por finalizado un proceso judicial iniciado con la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en marzo de 1985. Desde entonces, la sentencia del TC 337/1994 ha servido para el resto de pronunciamientos judiciales (Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, principalmente), incluido el del mismo TC en su sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía aprobado en 2006 (artículo 35). Siempre y en todos los casos, los tribunales han señalado dos aspectos .

El primero, que el modelo lingüístico educativo lo tiene que aplicar el gobierno autonómico, que es la administración con la competencia educativa en este tema. Y segundo, que en ningún caso el sistema que se aplique puede relegar a una de las dos lenguas oficiales (español y catalán) por lo que ambas han de ser vehiculares. En la sentencia 337/1994 se defiende este modelo como «conjunción lingüística» y así es como se señala en las sentencias posteriores . Lo que ocurre es que los tribunales no «tumban» los artículos recurridos (tampoco el TC en la sentencia 337/1994), sino que los interpretan. Es decir, recuerdan que el modelo de la Generalitat de Cataluña no puede ser, por ejemplo, 100 por cien solo en catalán, que es lo que ocurre ahora mismo. Visto que la Generalitat no cumplía, se introdujo después lo del 25 por ciento como mínimo para una de las lenguas oficiales. El meollo de la cuestión está en que la Generalitat aplica una inmersión obligatoria (es decir, el 100 por cien de las asignaturas no lingüísticas en catalán) cuando los jueces han dicho que lo legal es el modelo de «conjunción lingüística», pero no tocan una coma de la literalidad de las normas.

Respecto a la vuelta al cole, la ministra aseguró que « el curso se va a abrir en septiembre como siempre salvo que Sanidad nos diga que no . Las comunidades, como siempre eligirán su día de apertura, habida cuenta de que tienen que hacer 175 como mínimo de días lectivos».

Además, ha propuesto que en el próximo curso los centros no mezclen las etapas educativas para perimetrar y poder actuar mejor si se produjera un brote de coronavirus.

«Tenemos que esperar a la evolución de la pandemia porque no es un motivo educativo sino sanitario, y lo primero es salvaguardar la salud de alumnos, docentes y sus familias», ha explicado .

Por otro lado, Celaá ha vuelto a defender su proyecto de ley educativo, la Lomloe, más conocida como «ley Celaá», cuya tramitación en el Congreso fue criticada por los parlamentarios (Ciudadanos y Vox) por llevarse a cabo en pleno estado de alarma.

«El proyecto de ley entró en el Congreso días antes de la declaración del estado de alarma. Se paralizó y, por petición de sus señorías, se reincoporaron los plazos. Primero se abrió el plazo de enmiendas a la totalidad, quedó suspendido y luego se recuperó porque muchos parlamentarios pidieron que el Congreso trabajara con toda su potencia. Se reanudaron los plazos y empezaron también los correspondiente para las enmiendas parciales que tuvo siete ampliaciones», defendió la ministra. Frente a las críticas, añadió: «¿Qué tapadillo es ese? ¿Lo antidemocrático es mantener todos los plazos y hacer hasta siete ampliaciones o usarlas para dilatar los plazos », criticó Celaá.

La ministra defendió también « la emergencia educativa » que ha tenido lugar por la crisis del coronavirus «exige acelerar y profundizar la reforma» con la que se pretende derogar la ley educativa vigente, la Lomce, impulsada por los populares en 2013.

En cuanto a la calificación de Ciudadanos de que el proyecto de ley es un «melón ideológico», la ministra lo negó y preguntó «qué ideología envuelve la importancia de la formación del profesorado o la de hacer un currículo competencial».