Educación acusa al PP de dar «pataletas de crío» contra la «ley Celaá»

Para sortear el proyecto de ley educativo del Gobierno que podría incluso saltarse el paso por el Congreso después de su tramitación por el Senado (esa es la idea del Gobierno para convertirla en ley en tiempo récord y evitarse alguna incómoda abstención que la paralice), el PP ha decidido buscar estrategias legales para evitar su aplicación en las comunidades donde gobierna , tal como avanzó ABC el pasado sábado.

Entre las estrategias, se incluye adelantar la publicación de la resolución de las normas de admisión, tal como ha hecho la Comunidad de Madrid, Murcia o plantea hacerlo en breve Castilla y León, « entre diciembre y enero », según han señalado a ABC fuentes de la consejería de la región, informa Miriam Antolín.

Preguntada por la cuestión, la ministra dijo que «se trata de una estrategia política que busca confundir». «No hay tal adelanto, habida cuenta de que en Madrid, por ejemplo, el año pasado la resolución de la que están hablando fue publicada el 18 de diciembre y en 2017 el 2 de diciembre, por tanto, no están adelantando nada, salvo que también quisieran adelantarse a la aplicación de la Lomce». En este sentido, fuentes de Educación acusaron al PP de dar «pataletas de crío» contra la «ley Celaá».

La ministra insistió en que no es cierto que se adelanten a diciembre las normas de admisión para sortear la aplicación de la Lomloe: «Eso es falso , las comunidades lo han venido haciendo de manera habitual ». Además, dijo que intentará evitar que haya diferencias en la aplicación de la norma por comunidades a través de los diferentes decretos de desarrollo de la ley.

La portavoz del PP en Educación, Sandra Moneo , dijo en referencia a las declaraciones de la ministra que «la señora Celaá desconoce cuándo se inicia y cuándo finaliza el proceso de admisión de alumnos; normalmente empieza a finales del mes de marzo y termina en junio quedando algunas cuestiones excepcionales para septiembre y así se ha hecho en años anteriores, por lo tanto, la que está tremendamente confundida es ella , no conoce la realidad del desarrollo de una ley ni de la aplicación de la misma».

Por su parte, fuentes de la consejería de Educación de la Región de Murcia también desmintieron a Celaá y señalaron que la comunidad «dispone de un decreto de admisión sobre el cual cada año se va sacando una resolución para convocar el proceso de matrícula de los alumnos. Esa resolución, en la Región, nunca se ha publicado antes del mes de febrero . En esta ocasión se publicará antes para que de esta manera el procedimiento de admisión se haya iniciado antes de la entrada en vigor de la ley celaa, pq lo que la admisión se regiria con la ley actual».

Celaá añadió que los portavoces del PP deberían «preocuparse más por aplicar medidas educativas y hablar de educación». Y dijo que tiene confianza «en que se cumpla con una ley orgánica y se cumpla con el Congreso, donde siete fuerzas políticas diferentes apoyaron la norma; no observo la posibibilidad de que el PP pueda incitar al no cumplimiento de esa ley: la libertad está garantizada en la Lomloe de acuerdo al artículo 27, y el castellano también está garantizado en todas las escuelas del país».

Preguntada por si iba a tomar medidas en los centros donde se está haciendo campaña en contra de la ley con el uso de lazos naranjas, la ministra dijo que «los centros están gestionando este tema, obviamente no estamos de acuerdo en que las campañas entren en los centros educativos ni la implicación que puedan tener los menores, los propios centros son los que van a regular su finalización », señaló Celaá. En cualquier caso, y tal como publicó ABC, el Gobierno de la Rioja envió inspectores a los centros, según denunció la concertada a este periódico.

Respecto al primer trimestre del curso 2020-21, la ministra señaló la «gran satisfacción por parte de todos los consejeros por el trabajo realizado durante este trimestre, que nos ha permitido tener las clases abiertas». « Terminamos el curso y podemos decir rotundamente que lo hemos superado y según los consejeros , con nota», aseguró la ministra.

Celaá dijo que a fecha de hoy (14 de diciembre) «no ha habido ninguna semana más de 35 centros educativos cerrados en toda España, lo que representa menos del 0,2 por ciento del total de centros» y, además, « en ningún momento se llegó al 2 por ciento de aulas cerradas : únicamente hay un 0,04 por ciento de centros cerrados y solo el 0,7 por ciento de las aulas están en cuarentena frente al 0,9 de finales de septiembre»

En junio, prosiguió, «nos planteamos la presencialidad y lo hemos conseguido, al menos en estos tres primeros meses hemos logrado este objetivo resultado del esfuerzo, compromiso y responsabilidad y de la inversión sin precedentes que el Gobierno ha hecho en educación », dijo Celaá quien aseguró que «los beneficios de la educación presencial son superiores a los riesgos que se pueden presentar; el cierre afecta al rendimiento académico sobre todo en el alumnado más vulnerable».

Por último, la ministra aseguró que «no se plantea el escenario de Alemania, tenemos la determinación de seguir adelante y mantenemos la máxima presencialidad».

El consejero de Madrid, Enrique Ossorio , dijo respecto a la reunión que el ministerio no les explicó «nada» acerca de la ley educativa: «Esperan que colaboremos con ellos para elaborar los decretos de desarrollo posteriores pero no nos han dicho nada, ni cuando se va a aprobar, ni qué decretos... y yo, como responsable de Educación de la Comunidad de Madrid, me he visto obligado a exponer las preocupaciones que tengo , porque creo que no va a ser nada positiva una ley educativa cuyos propios autores sustraen del debate público y parlamentario; es increíble que 1.000 enmiendas se hayan tramitado en el Congreso en 5 días o que en el Senado se debate la norma en 7 días, es un desprecio al senado y a los senadores».

Ossorio también ha manifestado su preocupación «por la libertad de elección y porque el castellano pierda el carácter vehicular y oficial en la ley educativa más importante de España porque eso se va a usar algunas regiones para la pérdida de formación y competitividad de los alumnos».

Fuentes de la Consejería de Educación de Murcia señalaron que durante la reunión «se ha reiterado que se trata de una ley que nace sin consenso y en un momento complicado», por lo que « han lamentado que no se haya contado con la participación de las comunidades autónomas ».

Por su parte, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, solicitó durante la reunión con la ministra y sus homólogos de otras autonomías que «vía enmiendas en el Senado se modifiquen los aspectos más perjudiciales para el sistema educativo» que supone la nueva Lomloe. En este sentido, Lucas mencionó los apartados que tienen que ver con la educación especial o «la limitación de la libertad de los padres para elegir centro para sus hijos». También demandó que se elimine de la ley la remoción de los funcionarios y que se debata a fondo sobre la extinción del cuerpo de profesores de formación profesional, informa Miriam Antolín .