Ceapa denuncia los «copagos ilegales» que asumen las familias de colegios públicos para agua, luz y gas

Ceapa destaca que las familias llegan incluso a costear obras de rehabilitación o acondicionamiento del centro (14,7%) y los gastos de suministro de la luz, el agua, gas, jabón o papel higiénico . También hay un 13,8% que paga gastos de personal vinculado con la salud de los niños y un 15% para personal que cubre las necesidades higiénicas de los alumnos.

En concreto, el documento señala que el 30,9% abona los costes de materiales fungibles (cuadernos, bolígrafos, folios) para uso del centro, es decir, que no va destinado al de su hijo en cuestión, y el 17,61% realiza pagos para dotar a los centros de materiales informáticos diversos (pizarras digitales, ordenadores, protectores).

Asimismo, el 13,8% de los encuestados afronta pagos mensuales relacionados a la escolarización de sus hijos, de manera que no sólo lo hacen a principio de curso de forma puntual.

El 52,7% abona gastos de libros de texto y material escolar ; el 19% los costes ligados a soportes digitales que complementan libros tradicionales; el 20,4% libros digitales o similares, y un 17% pagan por el uso de aplicaciones que les sirven para estar en contacto con el centro educativo.

«Son copagos ilegales, pero las familias o no lo saben o temen represalias por parte de los centros . Deberíamos plantarnos», ha afirmado la presidenta de CeapaA, Leticia Salazar, que ha indicado también que «por 20 euros, una familia no quiere meterse en un pleito y asume este pago encubierto». A su juicio, el papel de los inspectores en este punto es «primordial» porque son quiénes pueden trasladar este problema a la Administración educativa.

El vicepresidente de Ceapa, Antonio Martín, ha explicado que la dirección de los centros no hace un uso fraudulento de estos pagos, pero que le resulta más efectivo reclamarlo a las familias, la mayoría de las veces a través de las AMPAS, que esperar a la respuesta de la comunidad autónoma de turno.

En este punto, el tesorero de esta organización de padres, mayoritaria en la enseñanza pública, ha subrayado que esta situación es consecuencia de los recortes en educación, que ha llevado a los centros a «sufragar sus propios gastos de mantenimiento», que han ido agravándose con el paso del tiempo por la falta de inversión en las infraestructuras educativas. «Todo esto es responsabilidad de las comunidades autónomas», ha sentenciado.