Los dos catedráticos implicados en la estafa de un falso fármaco contra el cáncer no podrán seguir dando clases

Los hechos recientemente denunciados «no pueden poner en cuestión el prestigio investigador de la UIB», ha señalado el Rectorado a través de un comunicado oficial. La nota añade que tampoco se puede cuestionar el «buen trabajo» de los casi 700 investigadores que desarrollan su tarea ni el del personal de administración y servicios.

Cabe recordar que la Policía Nacional detuvo la pasada semana en Palma a cinco personas vinculadas laboralmente a la UIB, entre ellas los dos catedráticos citados, que, presuntamente, estafaron más de 611.000 euros a través de la venta de un supuesto medicamento denominado Minerval . Hasta el momento, hay más de una decena de denuncias de personas que adquirieron dicho preparado. Uno de los estafados llegó a abonar 25.600 euros para la cura de su hija.

Las personas arrestadas fueron, además de Escribá y de Busquets, dos investigadores y la responsable de la gestión económica de la empresa Lipopharma . A los cinco se les imputa un delito continuado de estafa agravado. La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma y por la Fiscalía de Baleares. Tras negarse a declarar ante la Policía, los cinco detenidos quedaron en libertad con cargos.

Por su parte, Lipopharma ha emitido este miércoles un comunicado oficial en el que señala que no ha comercializado jamás «ningún producto» de los que tiene en investigación, «entre ellos el Minerval». Asimismo, indica que nunca ha administrado el Minerval a «ningún paciente fuera de los estudios clínicos realizados en hospitales de reconocido prestigio, con protocolos diseñados de acuerdo a las normativas vigentes». La nota añade que «actualmente el Minerval es un producto en fase de investigación».

En ese contexto, Lipopharma afirma que en la actualidad ya ha completado, « con resultados muy positivos », un estudio clínico con una formulación oral del producto «en pacientes adultos con tumores sólidos avanzados, incluido el glioma maligno». El comunicado también recalca que Lipopharma « se reserva el derecho de adoptar las acciones legales que considere oportunas contra cualquier información falsa » e insiste en que la empresa «es completamente ajena a las actuaciones que han aparecido en los medios de comunicación».

Según dio a conocer este martes el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a través de un comunicado, «los arrestados se valían de su condición de profesores universitarios en Palma para otorgar mayor credibilidad a su producto y utilizaban las instalaciones universitarias para avanzar en sus investigaciones y elaborar la sustancia».

Los dos catedráticos de la UIB ahora suspendidos cautelarmente de docencia se aprovechaban, presuntamente, de la situación de los enfermos y sus familiares, ofreciéndoles la supuesta cura de la enfermedad. Los pagos se hacían a través de una fundación sin ánimo de lucro que habrían creado. Dicha fundación «enmascaraba la venta del producto como una donación voluntaria de los familiares para la investigación», camuflando así lo que realmente era, «la compra de una sustancia sin efectos curativos». El falso medicamento carecía, además, de autorización para su venta al público .

Aprovechando el reconocimiento académico y profesional que sus puestos les otorgaban, dichos profesores universitarios «llevaron a cabo campañas publicitarias en las que ensalzaban su milagroso producto anticancerígeno». Ya en 2012, el Gobierno balear requirió a los anunciantes la retirada urgente de dicha publicidad.

Según señaló ayer a los medios el jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, Jorge Rodríguez, los implicados en este caso « realizaban la manipulación de las pruebas que iban obteniendo ». Así, los dos catedráticos de la UIB habrían mostrado a los familiares de los enfermos imágenes presuntamente manipuladas para hacer creer que los tumores de los pacientes disminuían de tamaño gracias al citado falso medicamento.

Por su parte, representantes del Consejo de Dirección de la UIB explicaron ayer, en rueda de prensa, que en abril de 2016 la propia UIB había hecho llegar ya a la Fiscalía una denuncia sobre este caso. Con anterioridad, desde hacía unos cinco años, habían ido llegando «rumores» hasta el Consejo de Dirección, pero ninguna denuncia.