Porcentaje de población que se encuentra en exclusión social en España. En las Islas Canarias es donde hay más personas en exclusión social y en La Rioja donde menos
Porcentaje de población que se encuentra en exclusión social en España. En las Islas Canarias es donde hay más personas en exclusión social y en La Rioja donde menos - ABC
VIII Informe Foessa

Cataluña y las Islas Baleares se incorporan por primera vez a las comunidades donde la exclusión social es más elevada

El precio de la vivienda y el empleo precario desplaza el eje de la pobreza hacia el Mediterráneo y pone al borde del abismo a seis millones de españoles de clase media

MadridActualizado:

La crisis económica ha tenido muchas consecuencias negativas en la sociedad española, como la precarización del empleo o un elevado porcentaje de la población que todavía se encuentra en situación de exclusión severa o moderada (18,4%). Sin embargo, uno de los fenómenos sociales más novedosos que nos ha dejado la recesión es la nueva configuración territorial de la exclusión. El tradicional eje norte-sur de la pobreza se ha extendido por primera vez hacia el Mediterráneo, incorporando a Cataluña e Islas Baleares entre las comunidades donde la exclusión social es más elevada.

Esta es una de las conclusiones más sorprendentes del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado este miércoles por Cáritas Española. Se trata del primer trabajo de investigación que analiza la realidad social de nuestro país tras la salida de la crisis económica. El estudio es el resultado de una macro encuesta realizada a más de 11.600 hogares de todas las comunidades autónomas y cuyos datos han sido analizados por más de 130 investigadores de 43 universidades y organizaciones españolas.

Según este informe, la población en situación de exclusión en Cataluña es del 19,3%, mientras que en Baleares sube hasta el 21,5%. Ambas comunidades se suman así a las regiones donde la población en riesgo de exclusión supera la media española, como Canarias (29%), Extremadura (23,2%), Andalucía (18,6%), Murcia, (18,5%) y Valencia (20,3%). Solo Castilla-La Mancha –una comunidad autónoma tradicionalmente alineada en el eje sur– se ubica ahora más cerca de una situación intermedia. Esta nueva configuración territorial de la exclusión ya fue advertida por la Fundación Foessa en 2013, pero recién ahora sus investigadores han conseguido confirmar ese dato a través de este nuevo estudio.

Para llegar a esta conclusión el informe no solo toma en cuenta los ingresos de las familias o sus carencias materiales (no poder pagar los servicios de la vivienda o la calefacción) sino también otros indicadores como la ausencia de lazos (soledad), relaciones sociales conflictivas o el acceso a derechos básicos como el empleo, la vivienda, la educación o la participación política.

«Uno de los factores que más están influyendo en la incorporación del eje mediterráneo es la exclusión residencial. Esto se aprecia mucho en Baleares y en la gente que va a trabajar allí y no encuentra piso o en los problemas de vivienda que hay en torno a la ciudad de Barcelona», indicó este miércoles Guillermo Fernández, coordinador del informe. Para este sociólogo, este fenómeno también responde a «las características de las comunidades ricas o con muchos recursos como Baleares y Cataluña y que tienen, sin embargo, graves problemas de exclusión». Pese a que los detalles de este estudio por comunidades autónomas serán presentados en los próximos meses, Fernández subrayó este miércoles que los factores que aumentan la exclusión pueden ser muchos y muy variados y no necesariamente «tienen que estar vinculados a un factor político determinado», como es el proceso soberanista en Cataluña.

1,2 millones más de excluidos

La recuperación económica además no ha conseguido acortar la brecha entre ricos y pobres. Once años después del comienzo de la crisis y cinco años después del fin de la recesión, la pobreza extrema afecta al 8,8% de la población, mientras que otro 9,6% sufre exclusión moderada. En suma, se trata de más de 8,5 millones de personas (18,4% de la población) que padecen la falta de empleo o de vivienda, que no tienen capacidad de consumo, acusan cierto aislamiento social o no pueden hacer frente al tratamiento o la medicación en caso de una enfermedad. La cifra supone 1,2 millones de personas más que en 2007 y en el 80% de los casos, las personas excluidas son ciudadanos españoles.

Las familias sin dificultades económicas, en cambio, sí han conseguido recuperar los niveles previos a la crisis y ya alcanzan el 48,4% de la población. «Esta situación nos aproxima a la fotografía de antes de la crisis pero no volvemos a la posición de salida sino a un espiral descendente porque hoy las condiciones de vida son peores que hace diez años», indicó Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa.

Entre uno y otro extremo, se encuentran 15 millones de personas (33,2% de la población) que siguen viviendo al día. Dentro de este grupo, se encuentra además una franja de seis millones de ciudadanos, cuya alta vulnerabilidad podría provocar que cayesen en la exclusión si se produjera un ligero empeoramiento de la economía. Se trata de la «clase media precarizada».

La «sociedad insegura»

Para la Fundación Foessa —un centro de estudios creado por Cáritas en 1965— este grupo de la población podría denominarse la «sociedad insegura», ya que se mueve al filo de la navaja al tener un riesgo muy alto de caer en el grupo de renta baja.

La «sociedad insegura» se percibe a sí misma como «los grandes perdedores de la crisis» e intuye que «en la próxima sacudida su sostén económico se quebrará y caerá a tierra». Su percepción de un futuro incierto hace que «su conducta electoral y social sea desesperada», detalla el informe. Por ello, este sector de la población —«necesitado de autodefensa»— se siente «abandonado» por los partidos progresistas que antes les representaba y ahora optan por las consignas de movimientos populistas de extrema derecha que «prometen el retorno a un tiempo pasado como fuente de seguridad».

En el otro 48,4% de la población se encuentran «la sociedad de las oportunidades o de los acomodados», que, según el informe, «echan en cara a los excluidos su desafección y a los inseguros que manifiesten su malestar de forma aireada».

«Fatiga de la solidaridad»

Esta «sociedad de las oportunidades» –que representa dos tercios de la población– no practica la empatía y se muestra menos dispuesta a ayudar a los demás que hace diez años (51,3%). Un 34,9% además comparte la opinión de que las ayudas y los servicios sociales vuelven perezosas a las personas que los reciben. Para los sociólogos que han participado en el informe se trata de una «cierta fatiga de la compasión o de la solidaridad». «Vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que quedan atrás y, por ello, necesitamos re-vincularnos», subrayó Fernández.

Según advierte el estudio, los dos espacios sociales que persisten tras la crisis: el de la inclusión y el de la exclusión, «aún conservan lazos que les unen pero cada vez son más débiles». Este debilitamiento es el resultado de «un escenario prolongado de escasez», en el que «el potencial de conflicto entre los grupos sociales por el acceso a los recursos públicos se dispara». La razón, según los expertos, se explica en que «las distinciones de trazo grueso que tuvieron éxito al inicio de la crisis se van emborronando hasta dejar un escenario de brechas muy complicado: jóvenes frente a mayores, personas autóctonas frente a inmigrantes, clases medias trabajadoras frente a clases medias profesionales».

Vivienda, primer factor de exclusión

La vivienda se ha convertido en el primer factor de exclusión social, incluso por encima del desempleo, según denuncia el informe de la fundación de Cáritas. En los últimos dos años, el alquiler ha subido un 30% y ya se encuentra entre los niveles más elevados de Europa. Más del 40% de lo que sufren exclusión viven en alquiler. Además hay dos millones de personas que viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. El informe achaca este problema «a una combinación perversa de precios altos en el alquiler y la compra de vivienda y unos ingresos bajos por el empleo precario». De hecho uno de cada 10 hogares vive bajo el umbral de la pobreza severa, una vez descontados los gastos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda y sus suministros.

El 5% de los españoles sufre además inseguridad en la vivienda. Esto quiere decir que no tienen el título de propiedad o sufren alguna amenaza de expulsión. Otro 10% de la población reside en una vivienda inadecuada (deficiencias constructivas, falta de suministros, hacinamiento, barreras arquitectónicas). Cataluña y Madrid son las comunidades con el mayor porcentaje de población en una residencia inadecuada, mientras que Galicia, Baleares y Valencia se encuentran en el top ten de regiones con ciudadanos residiendo en una vivienda insegura.

Los jóvenes son los más afectados por esta carencia. Los hogares cuyo sustentador principal es menor de 35 años son los que padecen con mayor frecuencia costes residenciales excesivos, amenazas de expulsión y problemas económicos que les obligan a convivir con personas sin parentesco, a alquilar habitaciones o a cambiar de domicilio.

Más trabajadores pobres

El empleo precario también es uno de las principales generadores de exclusión social. Según el informe de Cáritas, el nuevo empleo creado es más desigual que el destruido y ya el 11,3% de los trabajadores son pobres. Además el 15,1% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave –es decir que el sostén de la familia ha pasado por seis o más contratos o por tres o más empresas o ha estado tres o más meses en el paro durante el último año.

La exclusión social se ceba además en los jóvenes y en la familias con niños. El estudio revela que el 21% de los hogares españoles en los que hay menores se encuentran en exclusión. El dato empeora en las familias numerosas (33%) y en las monoparentales (28%).